Así lo establece un proyecto de ley que elaboraron e hicieron público hoy en General Roca un grupo de mujeres rionegrinas identificadas con el Kirchnerismo. Fue presentado ante a legisladores provinciales y tiene como objetivo limitar el acceso a cargos de orden público y de rango jerárquico dentro del estado provincial, a todas aquellas personas que tengan sentencia desfavorable en causas de violencia contra la mujer, niños, niñas, adolescentes y/o familiar. El objetivo final es contribuir a la erradicación de la violencia dentro de los ámbitos donde las mujeres desarrollan sus actividades cotidianas.
El proyecto es la síntesis de un trabajo realizado las politólogas Daiana Neri de General Roca y Celeste Ratto de Bariloche, la concejal Ornella Maglione y Milena Maglione de Cinco Saltos, las concejales Ana Marks de Bariloche y Verónica Mort de Choele Choel y la Psicologa beltranense Guillermina Lopata entre otras. El texto fue entregado a los legisladores provinciales del Frente para la Victoria, Carina Pita, Elvin Williams, Marta Bizzotto y Marcelo Mango.
En la exposición destacaron que “el Estado como garante de los derechos ciudadanos no puede amparar bajo su órbita, funcionarios, empleados o representantes que tengan antecedentes vinculados a la violencia, flagelo que cotidianamente provoca la muerte de una mujer cada treinta horas por el sólo hecho de ser mujer y que en Río Negro es cada 26 horas”.
Además la iniciativa en su artículo tercero determina que cuando la sentencia se produzca cuando el funcionario esté en ejercicio de las funciones será destituido del cargo e inhabilitado para el desempeño de sus funciones por el doble de tiempo que el de la codena que le correspondiere. Tampoco podrán ser candidatos a cargos electivos o concursos.
El proyecto establece la creación de un Certificado de Antecedentes de Violencia de Género y Familia que deberán adquirir quienes quieran acceder a un cargo electivo, concurso y función pública con rango jerárquico con categoría o función no inferior a la de director o equivalente, dentro de la órbita de la administración pública de manera temporal o permanente, remunerada u honoraria, en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades centralizadas, descentralizadas o autárquicas, y sociedad en la que exista participación estatal.
También propone la creación de un arancel económico para la adquisición de dicho certificado con el objetivo de recaudar fondos para ser destinados a la aplicación políticas y programas que tengan como fin eliminar todo tipo de discriminación y violencia contra la mujer.
El proyecto establece además la creación de un registro provincial que contenga la información necesaria para análisis, consulta, investigación y planificación de políticas de estado.
Agregaron que “tanto en nuestro país como en nuestra provincia la realidad nos enfrenta con indicadores alarmantes sobre la desigualdad que sufren las mujeres y su expresión extrema, la violencia machista. Río Negro supera en un tercio a la media del país por femicidios. La encuesta realizada por el colectivo Ni Una Menos sobre la Violencia Machista, en Río Negro arrojó que un 100% de las encuestadas manifestaron ser víctimas de acoso tanto en espacios públicos como privados.
Por su parte el Centro de Estudios Patagonia registró que el 69% de la desocupación reciente es femenina y las mujeres de 30 a 40 % menos que los varones, aún haciendo la misma tarea. También el Estado rionegrino es un reflejo de estas inequidades: la mayoría de los cargos de quienes toman las decisiones en la planta política del ejecutivo provincial están ocupados por varones (75%). Sólo el 13% de los cargos ejecutivos electivos de la provincia están en manos de mujeres”.
En 2017 el informe del Grupo de Trabajo sobre la Cuestión de la Discriminación contra la Mujer en la Legislación y en la Práctica de la ONU resaltó la importancia de la efectiva asignación de recursos para apoyar la observancia progresiva de los derechos humanos de la mujer como obligación de los Estados.
Al respecto las referentes kirchneristas señalaron “para nosotras es importante llamar a la reflexión y activar el interés y decisión política tanto de la esfera provincial como nacional para de llevar adelante una verdadera política pública de género que ayude a erradicar las violencias”.
“Preocupa la subejecución presupuestaria del área en los últimos años: durante el 2016 sólo ejecutó 15 % del presupuesto destinado a las políticas públicas específicas, como son el funcionamiento del Consejo Provincial de la Mujer o el Programa de Erradicación de Violencia contra las mujeres, y en 2015 se utilizaron solo el 2% del presupuesto asignado”, señalaron.
El proyecto de ley es una iniciativa para “insistir de todas formas en el compromiso del Estado en cumplir con las responsabilidades que ha adquirido nacional, provincial e internacionalmente, para garantizar la prevención y erradicación de la violencia contra la mujer. Es por ello que resultaría paradójico permitir que sea el Estado mismo quien albergue dentro de sus representantes o funcionarios, a una persona que cuente como antecedente un fallo desfavorable en caso de violencia machista”.