El concejal de Compromiso Ciudadano, Alejandro Araño, expresó fuertes reparos al proyecto de ordenanza impulsado por el Ejecutivo municipal de San Antonio Oeste para contraer un endeudamiento destinado a la ejecución de diez cuadras de asfalto.
El edil planteó que la iniciativa carece de precisiones clave vinculadas al monto, los plazos, los intereses y, especialmente, las garantías que respaldarían el crédito, en un contexto que —según sostuvo— muestra un alto nivel de compromiso de los recursos municipales. Araño explicó que, desde el momento en que la propuesta ingresó al Concejo Deliberante y aun desde las conversaciones previas en plenaria, “no ha habido grandes modificaciones en temas que son vitales”. En ese sentido, comparó la situación con la de cualquier ciudadano que solicita un crédito en una entidad financiera: “Lo primero que evalúa es el monto que necesita, los plazos y los intereses que va a pagar. Y otro tema importantísimo es con qué responde, qué es lo que pone en garantía o qué es lo que hipoteca”. Para el concejal, ese último punto resulta “de suma importancia”, especialmente a la luz de un informe publicado meses atrás por el diario Diario Río Negro, que daba cuenta de un ranking de municipios rionegrinos con mayor nivel de compromiso de su masa salarial en relación con la coparticipación y los ingresos propios. “Durante mucho tiempo lideró ese ranking Bariloche, pero hoy hemos pasado a estar en el tope”, afirmó Araño en referencia a San Carlos de Bariloche, tradicionalmente señalado por su estructura de gastos. Según indicó, el municipio de San Antonio Oeste destina la totalidad de su coparticipación más un porcentaje significativo de recursos propios al pago de salarios, lo que reduce considerablemente el margen de maniobra para asumir nuevas obligaciones financieras. “Es como si yo tuviera que darle de comer a mi familia y lo que estoy hipotecando es mi sueldo en virtud del alimento. No es una cuestión menor”, graficó. Falta de precisiones sobre plazos y recupero Araño también advirtió que el proyecto no detalla los plazos de devolución del crédito, lo que podría implicar un compromiso financiero que trascienda la actual gestión. “Implica una hipoteca a futuro que me parece más sujeta a una cuestión de dejar un poco más detonada la localidad que a la precisión real de un proyecto serio”, cuestionó. En ese marco, incluso deslizó que una decisión de esa magnitud debería contar con una consulta más amplia a la ciudadanía. “Casi que estaríamos más cerca de plebiscitar esta idea, que el vecino opine sobre hipotecar lo único que tenemos para pagar sueldos”, sostuvo. El edil aclaró que no desconoce la importancia de las obras de infraestructura: “Cada cosa que se hace es importante como proyecto, sea el asfalto o una fábrica de adoquines, pero tenemos que ser muy conscientes para no cometer errores”. Como antecedente, recordó el leasing tomado tiempo atrás para la compra de maquinarias y camiones, que implicaba el pago dentro del propio mandato. Según señaló, en aquella oportunidad ya se habían planteado observaciones sobre la sostenibilidad financiera. Un municipio “eficaz” y el debate sobre el empleo público Más allá del caso puntual del asfalto, Araño enmarcó la discusión en un problema estructural vinculado al modelo de gestión municipal y al peso de la masa salarial. “Es una trampa histórica. Hace mucho tiempo que el Estado se transformó netamente en responder a la obligatoriedad del empleo”, analizó. En ese sentido, reconoció la existencia de empleados municipales “súper capaces, con un nivel de conocimiento amplio”, pero consideró que las decisiones políticas de sucesivas gestiones han interferido en la organización y eficiencia administrativa. “La política siempre metió la cola para acomodar uno u otro, y eso ha entorpecido todo”, afirmó. Para el concejal, la consecuencia es un esquema en el que “los recursos no alcanzan”, lo que obliga al Ejecutivo a buscar alternativas de financiamiento para atender demandas reales, como el mejoramiento de calles. “Esto del asfalto no cayó de un árbol, viene porque la gente permanentemente despotrica contra el Estado y la situación de las calles”, reconoció. Sin embargo, señaló que el proyecto tampoco contempla con claridad el porcentaje de recupero de la inversión, es decir, cuánto podrían aportar los frentistas o determinadas instituciones. “Ni siquiera te diría que le falta el condimento; le falta la base fundamental como para poder entrar en discusión”, remarcó. Araño explicó que desde su espacio propusieron trabajar junto a las áreas de Hacienda y Obras Públicas para dotar al expediente de un “cuadro de seriedad” que permita un debate técnico y no meramente político.
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