La empresa es un motor muy importante de la economía sanantoniense y eso lleva a que hablar de la misma, sea tabú en muchos de los medios de comunicación locales, por temor a no mencionar de lo que pasa en el lugar emblema de la producción zonal y como señalan algunos “miedo a que los trabajadores se enojen”, muy gracioso. Lo de emblema lo dejamos para otras épocas. Hoy solo hay cuestionamientos, por la preocupación que existe en estos tiempos, con la industria emplazada en Punta Delgado. ALPAT bajó su producción, pero no porque no pueda vender el producto. Argentina puede llegar a consumir 300 a 350 mil toneladas al año de soda Solvay. En sus mejores épocas Alcalis de la Patagonia producía hasta casi 250 mil toneladas al año, hoy no supera las 140 mil, según se desprende de un informe realizado por los síndicos de la Administración Federal de Ingresos Públicos que entregaron a la investigación judicial que lleva adelante el Juzgado Federal 11 del Juez Claudio Bonadío en Capital Federal. La causa produjo allanamientos a la empresa en sus oficinas de Buenos Aires durante este año. Pero lo que más preocupa, es la falta de inversión a la empresa. ALPAT produce menos porque según el informe señala que no se suplen muchas de las piezas y lo más complejo, que el deterioro de sus bienes no tienen reemplazo. La desinversión en la que es sometida es culpa del actual grupo propietario. El decreto 475/05 firmado por Néstor Kirchner, que le otorgó a Cristóbal López luego que la familia del desaparecido Marcel Degraye vendiera los activos, según mencionaba ese decreto inserto en la causa invocaba “la creación de empleo, el desarrollo industrial y la sustitución de importaciones”, concluyendo que supuestamente “se trataba de una cuestión estratégica en materia de política económica que resulta imprescindible resolver, siendo de toda urgencia y necesidad el dictado del presente decreto». Asimismo ese decreto le dio el beneficio al grupo Indalo de no pagar IVA ni otros impuestos nacionales durante diez años, “algo nunca visto con anterioridad respecto de una empresa ya en marcha con los beneficios promocionales vencidos y con nuevos dueños” mencionó una vez Hugo Alconada Mon, el periodista que investigó la historia de la empresa y su vinculación con el gobierno del FPV. A pesar de todo eso y todas las exenciones impositivas y refinanciación de deudas, el grupo no realizó la inversión necesaria de sustituir los elementos para que la producción continúe a pleno y hoy, los trabajadores están sometidos a cobrar sus salarios de forma discontinua. El informe económico de la AFIP es lapidario y preocupante, algo que muchos, autoridades, trabajadores, empresarios y directivos “esconden bajo la alfombra”. Actualmente el pago en cuotas a esa gran masa salarial impacta de forma negativa en la economía local. Son muchos los que prefieren ignorar lo inexorable. Tierras Es fácil y el camino más simple, es echar culpas de que hay actores de la política que motorizan la usurpación de tierras en la zona sanantoniense. La realidad marca otra cara. La necesidad de las personas de tener un acceso a su lote, para construir una casa propia, agobiados por los excesivos alquileres y en algunos de ellos el no poder pagarlos por escasos o falta de ingresos económicos. Lo que pasó la semana en el predio de la UnTER queda descartado que sea un movimiento político. Es la excusa primera que se echa en mano sin saber el trasfondo. Hay que caminar más las calles e introducirse a los barrios para saber la realidad económica que hoy vive la población. Hoy son las madres que batallan por sus hijas e hijos que tengan el acceso a la vivienda. Ellas que lucharon previamente por tener sus tierras ahora van a la lucha de las manos de sus hijas con sus nietos. 1500 personas necesitan terrenos en la zona. El mismo secretario Andreoli en un “sincericidio” dejó al descubierto que hay sanantonienses de más de 60 años que esperan el acceso a la tierra, eso es desidia. Por ejemplo, en los presupuestos siempre se estipulan ventas de tierras pero, no se sabe si están destinados a terrenos sociales. Solo hubo muy pocos en este último año. Las cooperativas para el acceso a la tierra era una solución que permitió a muchas familias obtener su lugar, pero el FPV las desechó con una ordenanza, luego de los serios cuestionamientos porque, los dineros recaudados, no se plasmaban en servicios. Pedidos de tierras surgen constantemente y surgirán hasta tanto no haya una política sustentable en mejorar la situación de los anotados en el registro único existente. Algo que hay que tener en cuenta y además tener más tacto a la hora de atender a los vecinos. Últimamente la paciencia de algunos funcionarios deja mucho que desear. Carlos Aguilar @Caa174