El gobierno nacional ha presentado los nuevos parámetros para la asignación de subsidios en las tarifas de energía, con miras a implementar un sistema que entrará en vigencia en abril.
Estos cambios, anunciados por el presidente Javier Milei, prometen ser una «poderosa motosierra» que afectará tanto la cantidad de beneficiarios como la cobertura de los subsidios.
El nuevo sistema de subsidios establece criterios más rigurosos para determinar quiénes serán los beneficiarios. Uno de los cambios más significativos es que ahora los criterios de exclusión se aplicarán a todo el grupo conviviente en el hogar, no solo al solicitante del subsidio. Esto implica que aquellos hogares que tengan a su nombre una aeronave o embarcación, así como más de dos propiedades inmuebles, serán excluidos de recibir subsidios.
Sin embargo, el cambio más notable es el relacionado con los vehículos. Anteriormente, el límite era de tres vehículos con menos de cinco años de antigüedad, pero ahora se redujo a solo un automotor con menos de cinco años de antigüedad, lo que también incluye a las motocicletas a partir de 100 centímetros cúbicos.
Otro cambio importante es que el ingreso económico del grupo conviviente ya no será un criterio de exclusión. En cambio, se subsidiará la parte de las facturas que cada familia no pueda pagar, basándose en una nueva métrica llamada Canasta Básica Energética (CBE), que establece un tope máximo por mes para el consumo de luz y gas según la zona bioclimática y la cantidad de integrantes del hogar.
Bajo este nuevo sistema, las familias recibirán subsidios solo si sus ingresos no alcanzan a cubrir el 10% de la Canasta Básica Energética correspondiente. Esto significa que, independientemente del monto real de sus facturas, solo recibirán un subsidio si sus ingresos están por debajo del límite establecido.
El objetivo final de estos cambios es no solo reducir el gasto en subsidios, sino también promover un menor consumo de energía, especialmente de gas natural. Sin embargo, estos ajustes han generado preocupación, especialmente en las provincias patagónicas, que podrían resultar especialmente afectadas.
Los detalles de este plan serán discutidos en una audiencia pública programada para el jueves 29 de abril, con la intención de que entren en vigencia en ese mismo mes, coincidiendo con la aplicación de aumentos en las tarifas de luz y gas. (NA/Telam)
