Los representantes del Frente de Todos en el Concejo Deliberante y en el Tribunal de Cuentas local reclamaron la intervención del Consejo Provincial para las Personas con Discapacidad, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria ante la falta de accesibilidad para las personas con movilidad reducida en el edificio en el que funcionan ambos poderes del Estado Municipal.
Los ediles y el vocal del Contralor presentaron una nota a la directora del organismo, Laura Balmaceda, informando que esos órganos funcionan en el primer piso de un inmueble de propiedad privada, alquilado por la Municipalidad local que no cuenta con estacionamiento exclusivo y, teniendo en cuenta que se encuentra en pleno centro de la ciudad, tampoco tiene escaleras adaptadas, ascensores, rampas, ni sanitarios acondicionados.
La situación descripta imposibilita que muchos ciudadanos y ciudadanas puedan ingresar a esas dependencias oficiales, para la realización de trámites o para tener contacto con los funcionarios.
La edila Vanesa Carmona, quien elevó la nota con el acompañamiento de los demás integrantes de esa bancada, Guillermo Masch, Marcela Dodero y Eduardo Cayunao y del representante del FdT en el Tribunal de Cuentas, Omar El Hossen expresó que “esta realidad vulnera derechos y constituye una verdadera discriminación, a un grupo numeroso de vecinos y vecinas de nuestra localidad”.
“La gestión del gobierno municipal transita su segundo año, pero ante el constante incumplimiento por parte de las autoridades del poder Legislativo y de Contralor con respecto a la legislación vigente en la materia, es que le solicitamos su urgente e inmediata intervención ante las autoridades mencionadas para exigirles el cumplimiento del artículo 36 de la Constitución de la provincia de Río Negro, el artículo 21 de la ley nacional 22431, el artículo 51 de la ley provincial 2055 y las ordenanzas municipales 1969/02 y 2272/04”. aseguró.
Tanto la Constitución provincial como las demás normas citadas establecen protecciones y garantías a las personas discapacitadas, la obligación de que las construcciones públicas prevean su desplazamiento, el compromiso de evitar la existencia de barreras arquitectónicas entre otras premisas que en este caso están siendo flagrantemente vulneradas.