El senador rionegrino Alberto Weretilneck realizó su exposición sobre el proyecto de ley de aborto legal y cuestionó que a personas mayores de 13 años que soliciten la interrupción del embarazo por la causal violación no se solicite una denuncia judicial. Además, agregó que la ley debe cuidar también al plantel médico para evitar lo que ocurre actualmente en Río Negro donde tres cuartos de los tocoginecólogos son objetores. “La mujer tiene derecho a tomar la decisión de no ser madre”, afirmó.
En su declaración, Weretilneck informó sobre las estadísticas de interrupciones legales del embarazo en la provincia en los últimos tres años. Según relató, en Río Negro hay 194 mil mujeres en edad fértil (de 15 a 49 años), y que en 2018 se realizaron 432 ILE, en 2019 fueron 565 y en 2020 alcanzaron 353, representando el 0,2 por ciento, 0,3 y 0,18 de las mujeres respetivamente.
“El hecho de que tenga el Estado normalizada la situación de la ILE no significa que empiece un descontrol porque la ley no lo prohíba”, indicó.
Sobre las causales, expresó que en 2018 el 99 por ciento fueron por cuestiones de salud y el 1 por violaciones; en 2019 el 99,3 por ciento por salud y el 0,7 por violaciones; en 2020 el 99,3 por salud, y el 0,7 por ciento por violaciones.
“Las edades de las mujeres que tomaron eta decisión en el 2018 fueron, el 47% mayores a 25 años, el 33% mujeres entre 19 y 25 años, el 14% entre 15 y 19, y el 1, 5% menores a 15 años. En 2019 el 53% fueron mayores de 25, el 32% entre 19 y 25, el 9,5% entre 15 y 19 y el 1,2% menores de 15 años. En el año 2020 el 59% de las mujeres fueron mayores a 25 años, 30,9% entre 20 y 25, el 9% entre 15 y 19 y 1,1% menores a 15 años. Además, por ejemplo, en el año 2019 el 87 por ciento de las interrupciones fueron medicamentosas, es decir, anteriores a los tres meses de gestación”, detalló el senador.
En tres años hubo en Río Negro 1.350 abortos legales. La gran mayoría mujeres mayores de 25 años.
Weretilneck contó que existen dos partes, quienes piden el derecho, y quienes van a aplicarlo que son los equipos de salud. “La mejor ley es la que debe ser clara, concreta, práctica y que no sea interpretativa. Sin grises, y contundente. También quiero compartir la otra parte de la ILE en Río Negro. Hoy, después de cuatro años y medio de aplicación el 73% de los tocoginecólogos son objetores de conciencia. Cuando empezamos con el protocolo, era solamente el 20 por ciento. En el caso del hospital de Cipolletti, de complejidad 6 y que está dentro de la red de partos seguros, no tenemos la posibilidad de contar con un sólo médico no objetor. Ni uno”, cuestionó Weretilneck.
Contó que hace un mes atrás hubo que interrumpir el embarazo producto de una violación de una nena de 12 años, y el ministerio de Salud tuvo que mover los pocos médicos que quedan no objetores de una punta a la otra de la provincia para poder cumplir con el protocolo.
“Si la ley no contempla, no cuida, no respeta y no protege a los equipos de salud, le puedo asegurar que en dos años no tiene quién la ejecute. Los derechos son para todas las partes. Para quienes decidan interrumpir el embarazo, y para los que piensan que con la ley los van a llevar a los tribunales y perder su trabajo”, explicó.
Weretilneck también llamó la atención en la definición de salud integral, y explicó que la pobreza podría ser una causal por la cual interrumpir un embarazo. Y que ese artículo es tan amplio que podría provocar diferentes interpretaciones que terminarán en la justicia.
Otro punto que cuestionó es la no obligación de la denuncia cuando el embarazo es producto de una violación. “Entiendo y acepto que menores de 13 años no deben tener obligación de la denuncia porque el 95 por ciento los violadores son personas del círculo familiar. Es prácticamente imposible que denuncien. Sí le damos esa responsabilidad al médico que denuncie. Pero diferente es en personas mayores. Todo embarazo producto de una violación debe tener una denuncia penal para que la Justicia investigue. Todos sabemos que los violadores tienen conductas repetitivas, y en muy pocos casos esa conducta se modifica. Garantizar la impunidad al violador, es un tema que tenemos que revisarlo. Una cosa es que la Justicia defina si se debe interrumpir o no un embarazo, y otra es dejar una sola constancia de la denuncia”, expresó.
“Yo decidí no ser más padre”
Weretilneck planteó que una mujer sabe desde antes de quedar embarazada que no quiere estar embarazada, y contó una situación de su vida íntima. “La decisión e interrumpir es anterior al embarazo. También los hombres, porque la decisión no es sólo de la mujer, es la mujer con su esposo, con su novio, con su pareja, o con su familia. Tenemos casos graves de violaciones, hombres que no se hacen cargo, pero centralmente es una decisión intima de una mujer con su compañero y su familia”, remarcó.
Dijo que se trata de algo no querido, es un embarazo no buscado, no programado, no planificado, inesperado. Por lo tanto, es algo que tiene que ver con lo más importante que tiene una persona, que es el derecho a decidir. La libertad de elección.
“No es un tema únicamente de la mujer, sino también del hombre. Quiero plantear mi situación personal. Yo hace 16 años tomé la decisión de hacerme la vasectomía. Porque en ese momento lo decidí yo que no iba a ser más padre, yo decidí no ser más padre, y estoy convencido. Por eso me pongo en el mismo lugar que una mujer tiene derecho a tomar esa decisión”, indicó.
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