En Prensa GeoMinera, un interesante relato del periodista Caludio Gutiérrez se preguntaba ¿La no remediación contribuye a un ecocidio?.
Señalaba que “esta es una segunda parte de la dramática y dolosa historia que lleva adelante el Estado en los últimos 14 años. La remediación en San Antonio Oeste es una entelequia propia de la inutilidad de todos los funcionarios, que por acción u omisión se convirtieron en parte del problema. Se han constituido, sin lugar a dudas, en partícipes necesarios de esta vergonzosa y humillante situación”.
Este “ecocidio” les alcanzará a los funcionarios como Jorge Mayoral, Daniel Meilán, Carolina Sánchez o Alberto Hensel, quienes ostentaron y ostentan la Secretaría de Minería de la Nación, (sumándoles a todos los que formaron parte de esta mala praxis gubernamental)
¿Lo que señala el artículo 248 del Código Penal Nacional? el cual dice: “será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes”. Quienes si bien no efectuaron el ecocidio junto a Geotecnia, tuvieron la responsabilidad de solucionar el problema, no lo realizaron y lo empeoraron.
“El Ecocidio es ejercer una forma de destrucción sobre un ecosistema que luego no puede ser regenerado. Es tan grande el daño que hay un antes y un después en el que lo que se encuentra es peor de lo que había, porque hay menos diversidad y fertilidad. Y porque se fuerza la resiliencia de la naturaleza a un punto tal que no hay vuelta atrás” destacó la La periodista, activista ambiental Soledad Barruti.
Hoy no tenemos una ley que contemple, pero si fallos jurisprudenciales “si bien la ley es un instrumento necesario, esta tiene que ser acompañada también de acciones concretas que otorguen diversas herramientas a la sociedad en su conjunto para cuestionarnos nuestra relación con la naturaleza y, a partir de eso, generar un plan integral de concientización, conservación y uso sustentable” destaca Sofía Capasso, periodista.
Reflexión final:
Esperando que las comunidades otorguen licencia social a los nuevos proyectos mineros, se prometen controles ambientales estrictos y se garantiza sostenibilidad absoluta. Pero simultáneamente se dedica tiempo y esfuerzo, y se utiliza el derecho, la comunicación y la política, para evitar cumplir los compromisos asumidos para resolver problemas de contaminación generados por la minería en el pasado; problemas que enferman y empobrecen a las comunidades que los sufren.
Está claro que para el Estado es mucho más atractivo autorizar un proyecto minero de impacto predecible que recomponer luego el desastre que el proyecto ha ocasionado, aunque cuando se disponga de los fondos requeridos. En San Antonio Oeste podemos decir, sin temor a equivocarnos, que cuando es tiempo de hacerse cargo, las comunidades se quedan solas.
Mientras esto siga ocurriendo, la credibilidad de las empresas y las autoridades mineras seguirá cayendo, incluso hasta el punto de no retorno. (Once Diario/Geominera)