La fiscalía de Estado de la Provincia y los asesores legales de este municipio decidieron prorrogar hasta el 30 de julio el plazo para llegar a un acuerdo que permita modificar las cláusulas del código urbano territorial que fueron objetadas porque avanzaban sobre áreas naturales protegidas.
Esos puntos, que pretendían urbanizar sectores de humedales y zonas amparadas por leyes que salvaguardan el equilibrio ecológico, deberían modificarse si el municipio pretende mantener en pie el grueso de los contenidos que forman parte de esa normativa, que fue declarada inconstitucional por el Superior Tribunal de Justicia (STJ). El mismo tribunal que autorizó luego la apertura de este lapso de negociación entre Provincia y Municipio.
La novedad es que mediante un encuentro que el fiscal de Estado Julián Fernández Eguía y el abogado del estamento Gustavo Bronzetti mantuvieron con los patrocinantes legales municipales Gustavo Arbués y Néstor Torres, se definió que hasta fines del mes próximo la municipalidad tendrá tiempo para presentar un proyecto alternativo, que será evaluado por ellos. Si están de acuerdo con lo planteado, podría quedar en pie el código, porque la propia Fiscalía se presentaría ante el STJ para homologar ese acuerdo sobre el nuevo texto.
“Ahora los técnicos de la áreas de medio ambiente, planificación y obras particulares municipales, más todos los idóneos en el tema, deberán elaborar este proyecto que elevaremos a la Fiscalía. Para eso tendremos un encuentro (con estos funcionarios locales), porque deberemos dejar en claro que hay que enfocarnos en cambiar aquello que colisiona con la normativa ambiental”, manifestó Arbués, uno de los letrados del municipio. (fuente: rionegro.com.ar)