Un grupo de vecinas, plantearon en el Concejo Deliberante de San Antonio Oeste presuntas irregularidades en el manejo de la partida presupuestaria destinada al área de Zoonosis. Según denunciaron, los fondos específicos creados para financiar campañas de castración y control poblacional de animales también estarían siendo utilizados para pagar contratos del área.
En este caso, la vecina Gabriela Latorre, explicó que la situación salió a la luz tras la asamblea vecinal realizada semanas atrás en la villa turística, donde los vecinos advirtieron inconsistencias en los informes oficiales. “De los números que obtuvimos del Tribunal de Cuentas Municipal no figuraban los sueldos. Cuando empezamos a averiguar, nos confirmaron que de esa partida se están abonando diez salarios, lo que significa una millonada de pesos y deja la cuenta en negativo”, señaló.
De acuerdo con la información expuesta, el desvío se ampararía en una reforma realizada en junio de 2022, que habría habilitado la utilización de esos recursos para cubrir sueldos del área. No obstante, Latorre insistió en que el espíritu original de la ordenanza sancionada en 2014 fue claro: atender problemáticas zoonóticas y, principalmente, garantizar el control de la sobrepoblación de perros y gatos.
“Estamos gastando la plata en mantener un espacio con empleados y queda poco o nada para castraciones, vacunaciones y campañas, que son las obligaciones centrales del área”, cuestionó. La vecina advirtió que la falta de recursos está impactando directamente en la ejecución del plan municipal de zoonosis, el cual no cuenta con un programa interno público ni objetivos concretos. “Lo que vemos es que no se logran resultados, y todo el dinero se va en sueldos. Eso es un perjuicio total para la comunidad”, remarcó.
Durante la presentación en el Concejo Deliberante, los vecinos solicitaron que los ediles convoquen a la contadora municipal y a la secretaria de Hacienda para que expliquen de manera formal la interpretación de la normativa. “Cada funcionario lo interpreta como le conviene. Nosotros pedimos que se determine de forma concreta: ¿se puede o no se puede pagar sueldos con esos fondos? Para nosotros la respuesta es no”, expresó Latorre.
El presidente del cuerpo legislativo, Daniel López, reconoció la necesidad de consultar con las autoridades contables y financieras del municipio antes de emitir un pronunciamiento. Por su parte, los concejales presentes se comprometieron a realizar la convocatoria en el corto plazo y brindar una devolución a la comunidad.
Mientras tanto, el grupo vecinal adelantó que continuará en estado de alerta y no descarta avanzar con una denuncia penal por presunta malversación de fondos públicos. “Ayer lo dijimos en el Concejo: pretendimos dar oportunidades para charlar y resolver el tema, pero si no hay definiciones, tendremos que recurrir a la Justicia. No es lo que queremos, porque implica un gran desgaste, pero somos fieles al mandato popular de la Asamblea y vamos a defender la ordenanza que fue creada colectivamente”, subrayó la referente.
La expectativa está puesta en los próximos quince días, cuando se espera que el Concejo Deliberante convoque a la contadora municipal y a la secretaria de Hacienda. “No queremos ser nosotros quienes tengamos que llamar: pedimos que la institución nos dé la respuesta correspondiente. Seguiremos informando a la comunidad porque esto no es un capricho, tenemos la documentación oficial que avala lo que decimos”, concluyó Latorre.
