Desde el bloque CCARI Cambiemos presentaron un proyecto de Ley para que se establezca el “Silencio Administrativo Positivo” en Río Negro, para agilizar las presentaciones de solicitudes, peticiones, reclamos o trámites que requieran respuesta o una autorización expresa, ante cualquier organismo o dependencia de la Administración Pública Provincial.
De aprobarse esta normativa, los mismos deberán ser resueltos y respondidos en el plazo máximo de sesenta 60 días y que en caso de silencio de la Administración el mismo debe ser considerado como positivo a lo solicitado o reclamado.
El proyecto incluye excepciones para casos en los que la complejidad técnica o jurídica de las solicitudes, la intervención de múltiples dependencias o la afectación de intereses estratégicos requieran mayor tiempo de análisis. En estos casos, la Administración deberá comunicar al interesado en un plazo máximo de 15 días que se necesita más tiempo, el cual no podrá superar los 30 días adicionales.
Asimismo, la propuesta deroga el artículo 18 de la Ley Provincial N.º 2938 de Procedimiento Administrativo, que actualmente considera negativo el silencio administrativo. Según esta ley vigente, si la Administración no responde en 60 días, el interesado puede solicitar pronto despacho, y si persiste el silencio, queda habilitada la vía judicial.
Los legisladores argumentan que la implementación del silencio positivo beneficiaría a ciudadanos y empresas, facilitando la resolución de trámites y reduciendo la burocracia. “Muchas veces las respuestas a determinadas gestiones tardan más de lo razonable ocasionando una gran diversidad de inconvenientes de menor o mayor gravedad”, aseguran. Además, agregan que “en múltiples oportunidades la demora de la Administración en responder también frustra iniciativas empresariales y evita o retarda inversiones que podrían contribuir al crecimiento y desarrollo económico y social”.
A nivel nacional, la Ley N.º 27.742, conocida como Ley Bases, introdujo el concepto de silencio positivo, salvo en áreas sensibles como salud, medio ambiente y servicios públicos. Con esta propuesta, los legisladores buscan adaptar esa misma lógica en la administración provincial, asegurando que los plazos de respuesta sean más ágiles y claros, en beneficio de los ciudadanos y de la provincia.