A partir de un pedido de audiencia urgente, las diputadas nacionales María Emilia Soria y Silvia Horne junto a la representante legal de ALPAT Natalia Muller, se reunieron hoy en ENERGAS con directivos de CAMUZZI para buscar una solución al conflicto del suministro de gas que pone en riesgo la continuidad laboral de más de 450 trabajadores de San Antonio Oeste, en la provincia Río Negro.
“Lamentablemente, el rol asumido por ENERGAS, lejos de cumplir con su función de regular y resolver las controversias suscitadas, se centró en la defensa de los intereses de la empresa CAMUZZI, sin prestar ningún tipo de consideración a las 450 familias rionegrinas que viven de esta industria” evaluó Soria.
El presidente de CAMUZZI Jaime Barba informó a los presentes que el 6 de Junio pasado – más de dos meses antes del corte de suministro a ALPAT – mantuvo una reunión con el Secretario de Energía de Río Negro Sebastián Caldeiro y con el Ministro de Producción de Río Negro Alberto Diomedi, poniéndolos en conocimiento de la gravedad del problema; sin embargo el gobierno provincial no aportó ninguna solución alternativa.
Si bien el titular de la empresa proveedora manifestó su voluntad de cumplir con la disposición judicial y volver a conectar el suministro de gas, de no mediar alguna solución definitiva, CAMUZZI advirtió que dejará de prestar el servicio a la empresa ALPAT.
Hoy nos reunimos en #ENERGAS con #ALPAT y #CAMUZZI. Siguiendo la línea del gob nacional el ente regulador se lavó las manos. El gob provincial tampoco hace nada x resolver el problema. Mientras tanto 450 trabajadores directos y 300 indirectos ven peligrar su fuente laboral en RN. pic.twitter.com/6w4dF7KgsJ
— María Emilia Soria (@MaEmiliaSoria) 15 de agosto de 2018
La provincia de Río Negro produce gas en volúmenes suficientes para dar respuesta a la demanda que permitiría la continuidad de la producción de ALPAT. Sin embargo, el drástico aumento de la tarifa del gas sumado a la disminución en las ventas por retracción del mercado y apertura de importaciones, llevaron a la empresa a una espiral de reducción en el volumen de producción, merma de ingresos y cesación de pagos que hoy atenta contra la fuente laboral de más de 450 trabajadores directos y 300 indirectos. “Lejos de hacerse cargo de las consecuencias de su política económica, el gobierno nacional al igual que el de la provincia de Río Negro, se desentiende del tema aún cuando hace más de un año se preveía este problema. Vamos a seguir insistiendo para que el Estado interceda a favor de la preservación de los puestos de trabajo” concluyó la diputada rionegrina del FpV-PJ.
