El secretario de Minería de Weretilneck. Joaquín Aberastain Oro, habló sobre las perspectivas de la actividad a gran escala. Calcatreu, punta de lanza.
Joaquín Aberastain Oro, secretario de Minería de Río Negro, es el vocero del gobernador Alberto Weretilneck ante las empresas de un sector con amplias expectativas de invertir en esta región de la Patagonia. Con la orden de defender el desarrollo de la actividad en la provincia, habló sobre las expectativas para 2024 y la posibilidad de que el proyecto Calcatreu, un amplio reservorio de oro y plata anclado en las inmediaciones de Ingeniero Jacobacci, sea el caso testigo para dar el salto hacía un desarrollo metalífero de primera categoría a gran escala.
Tras la promulgación del nuevo código minero y el cambio en la Ley de tierras fiscales, apalancado en un mapa de inversiones nutrido en las diversas regiones, con la meseta como centro primordial de operaciones, la gestión que comenzó hace 20 días capea una profunda crisis económica en busca de una alternativa que le genere el ingreso de divisas.
“Las expectativas de los inversores son las señales, algo que Weretilneck dio en la asunción”, asegura el funcionario en relación al anuncio de que “Río Negro será una provincia minera, con todo lo que eso significa”.
“No nos dejemos engañar, que los intereses ajenos no perjudiquen a las comunidades”, asegura el secretario sobre el rechazo de ambientalistas y algunos sectores de comunidades originarias. “No vamos a permitir que algunos fundamentalismos hagan caer los proyectos mineros”, se planta.
-¿Cuál es la expectativa en el gobierno provincial con la nueva normativa minera?
-El desarrollo de la actividad de manera responsable, respetando las normativas vigentes para acompañar el crecimiento de Río Negro. Estamos tocados por la varita mágica por la riqueza geológica que tenemos. Somos una provincia minera, primeros productores en varios minerales. Se nos abre la posibilidad de un desarrollo de minería metalífera de gran valor.
-Weretilneck se transformó en uno de los voceros de este proyecto. ¿Cuánto puede incidir realmente en el sector?
-Cambia el rumbo del desarrollo de Río Negro. Es un dirigente al que se lo respeta muchísimo, sus declaraciones cambian el escenario. Hay muchos inversores interesados en lo que viene. Para entender la importancia de esta decisión política hay que conocer el índice Fraser, el que ranquea jurisdicciones mineras con su potencial geológico y la capacidad de extracción. Escalamos progresivamente, la suma de ambos nos posicionó en un lugar de gran expectativa.
-¿No hay temor a un rechazo social como pasó en Chubut?
-Hay una gran diferencia: no debemos modificar normativas para poner en marcha un proyecto. Vamos a respetar todas las instancias democráticas para avanzar en la puesta en marcha de la explotación. Con las modificaciones del código minero es una obligación la consulta previa, libre e informada. La presentación de informes de impacto ambiental, con estándares internacionales, como demanda la sociedad, está garantizada.
-Representantes de pueblo originarios recuerdan que son dueños de la tierra y los recursos. ¿Cómo analizan su resistencia?
-Uno de los principios rectores, que nos impulsó a la modificación del código minero, es transformar en obligación la consulta libre e informada. Ningún proyecto minero va avanzar sin esas consultas. Se explicará de qué se trata cada proyecto. La resistencia que hay no tiene argumentos. Militaron y lucharon por la consulta previa, pero a pesar de que se las garantiza dicen que van a cerrar las tranqueras. No vamos a permitir que los fundamentalismos hagan caer los proyectos.
-La modificación del código minero habla de una policía designada por la autoridad provincial. ¿Ya consensuaron con la oposición?
-El código actual habla del inspector de policía minera, que tiene ciertas facultades. Le hicimos mucha fuerza a las penalidades, que se pusieron en debate en la Legislatura. El control y fiscalización se transforma en obligación para las partes. Entiendo que es osado, porque el control y las garantías corren por parte del Estado.
-La nueva normativa plantea un consejo evaluador con representantes de la oposición en la Legislatura. ¿Hay contactos para armarlo?
-No hay un proyecto que requiera la conformación del Consejo Provincial de Evaluación Ambiental Minera (Co.P.E.A.M.). El caso testigo es Calcatreu, que tiene un informe de impacto ambiental en curso. Cuando se dictamine, se realizará la conformación del consejo. Legisladores, intendentes, universidades, comisiones de fomento, comunidades originarias del radio de influencia y de Río Negro serán parte de la discusión.
Hay una gran diferencia con Chubut: no debemos modificar normativas para poner en marcha un proyecto
-¿La idea, entonces, es no nacionalizar los debates?
-El dominio es de las provincias, por eso son los actores de Río Negro los que decidirán si el proyecto avanza o no. No nos dejemos engañar, que los intereses ajenos no perjudiquen a las comunidades. En Chubut, si se censaba a los manifestantes de las marchas antimineras, había un importante porcentaje de personas que no pertenecían a la provincia.
-¿Cuáles son las expectativas de las empresas mineras con interés en invertir?
-Las expectativas son las señales concretas. Por ejemplo, que el gobernador, en el acto de asunción, diga que la actividad es primordial implica toda una señal. Hoy hay inversiones, pero con pie de plomo por lo que pasó en Chubut o hace unos años en Mendoza. Vienen con cierto cuidado y cumpliendo los requisitos mínimos para preservar el derecho minero. Todo eso cambiaría con un proyecto en marcha. (Fuente Letra P)
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