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OPINION: El Per Saltum y la realidad regional

(Defensora Oficial Nadina Díaz) La reciente decisión del gobierno nacional de solicitar el “per saltum” ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para unificar bajo un solo tribunal, las demandas devenidas del desproporcionado aumento en la tarifa de gas, parece ser la acción jurídica más atinada  a la que se recurrió para resolver, lo que a mi criterio es la cuestión de fondo, la ilegalidad de las resoluciones que dispusieron esos nuevos valores.

Esta estrategia judicial podría poner un manto de claridad en este confuso esquema de tecnicismos jurídicos, multiplicidad de opiniones, atribuciones, competencias y cuestiones jurisdiccionales, en los que desembocó el llamado tarifazo y que en mi opinión solo lleva a dilatar la resolución final de este conflicto.

La postergación  de una sentencia definitiva solo agrega más angustia y desazón en aquellas familias que hoy no pueden afrontar el pago de una boleta de gas, un servicio que los patagónicos consideramos vital.

La simple lectura de las demandas permite determinar como común denominador  la desproporcionalidad, desigualdad e irracionalidad del “tarifazo”, que causan un severo impacto social y económico a los usuarios fundamentalmente en los sectores más vulnerables sobre los que el propio estado, debe velar.

Impedir la aplicación de los incrementos debe ser el primer paso  que la Corte deberá abordar para  atender la demanda social.

No obstante cualquiera sea la decisión final, esta deberá contemplar un aspecto sustancial que es el de la regionalización.

Nosotros hemos sostenido desde el principio, y lo hemos dejado sentado en los amparos presentados en los juzgados federales con jurisdicción provincial, que en el análisis debe considerarse indefectiblemente la cuestión regional.

No podrá haber racionalidad en una sentencia si esta no contempla las desigualdades territoriales. No debe ser simplemente una consecuencia aritmética la que se valore, sin la ponderación del clima, geografía, condiciones socio económicas. Sin  esta ponderación, cualquier decisión al respecto volvería a ser arbitraria.

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