OPINION: Mujeres en la Corte. El modelo Río Negro de legitimación.





(Senadora Magdalena Odarda) El Decreto 222 del 2003 estableció que al momento de considerar cada propuesta de candidatos o candidatas a ocupar cargos en la Corte Suprema de la Nación, se tenga presente la composición general “para posibilitar que la inclusión de nuevos miembros permita reflejar las diversidades de género”. Es este un importante antecedente en el reconocimiento de la igualdad de género en los poderes del Estado, en este caso el Poder judicial.

Actualmente, solo el 29% de la Justicia es ocupado por mujeres y desde la creación de la Corte en 1863 solo hubo tres juezas.

Los pliegos de los candidatos Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti para ocupar  vacantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, serán considerados por el Senado en estas horas. La aprobación requiere los 2/3 de la cámara. Varias fuerzas políticas y organizaciones de derechos humanos, se pronunciaron a favor de incorporar una cantidad proporcional de mujeres en el alto cuerpo judicial, respetando así los compromisos asumidos por nuestro país ante organismos internacionales y expresados en el decreto mencionado ut supra.

La designación de dos juezas, la Dra. Argibay Molina y la Dra. Highton de Nolasco, representaron un reconocimiento a las mujeres en cargos públicos de gran trascendencia, y gracias a ello, se tomaron medidas importantes en relación a la cuestión de género. Pero, actualmente, de aprobarse la designación de los dos candidatos varones, la participación de la mujer queda en seria desventaja.

La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), afirma que los Estados tomaran todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizando, en igualdad de condiciones con los hombres el derecho a “Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales;…”.

Resulta trascendente seguir reclamando por la igualdad de condiciones de las mujeres en los cargos públicos, por ello presenté un proyecto de ley en el Senado  que establece que la conformación de la Corte deberá respetar el principio de equivalencia de género.

Se espera que se apruebe la propuesta de tratar este proyecto en la sesión próxima, de modo de garantizar que en el próximo tribunal que se pretende ampliar o cubrir vacantes, se cumpla con el principio de equivalencia de género.

Es mi intención que este principio sea incorporado como lo fue en la Ley Orgánica del Poder Judicial de Rio Negro a instancias de una ley de mi autoría cuando fui legisladora de Rio Negro, acompañada por legisladoras de otros partidos.

La participación de la mujer en los ámbitos estatales es importante para fortalecer el debate democrático y plural. Para resistir los estereotipos sociales estructurados en la sociedad, pero además, para legitimar a la mujer como ciudadana y como sujeto político.

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