La comunicación fue realizada por los legisladores Jorge Ocampos, Daniela Agostino. Piden al Poder Ejecutivo, Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca, Subsecretaría de Pesca, que se intervenga de manera urgente por sí y/o mediante convenio con la Prefectura Naval Argentina, a los fines de garantizar que los barcos pesqueros y lanchas artesanales que operan en el Puerto de San Antonio Oeste y en Sierra Grande cuenten con todos los elementos de seguridad definidos por la legislación vigente, mantengan los correspondientes protocolos de mantenimiento y los debidos años de antigüedad a fin de resguardar la vida de los trabajadores de la actividad pesquera. Además, analice y defina el estado de situación actual del parque de barcos pesqueros y lanchas artesanales a los fines de abordar, con un estudio desde el punto de vista económico, el acompañamiento a la puesta en marcha de líneas especiales de crédito del sistema bancario con garantía provincial y a través de la Agencia de Desarrollo CREAR.
“La seguridad en los barcos pesqueros es una temática que, como todas aquellas ligadas a los controles del Estado en nuestro país, se aborda ante situaciones de emergencia y/o ante accidentes consumados, con las irreparables pérdidas humanas y los daños materiales consecuentes. La legislación argentina contempla como autoridad de aplicación en la materia a la Prefectura Naval Argentina, aún cuando la legislación vigente le otorga facultades específicamente vinculadas al desarrollo de la actividad pesquera en parte al Estado Nacional y en parte a los Estados Provinciales.
Nos encontramos así con la Ley Nacional nº 24922/98 ley Federal de Pesca, que establece un nuevo régimen y que contempla todos los aspectos referidos a la actividad. El Artículo 1º del capítulo I, es una declaración de principios, porque el Estado se compromete a fomentar “el aprovechamiento racional de los recursos vivos marinos”; asimismo proteger” intereses nacionales relacionados con la pesca” y dentro de sus objetivos se encuentra también la sustentabilidad a largo plazo.
Aborda la promoción industrial pesquera argentina e incluso el empleo de mano de obra argentina. Según este artículo los objetivos promocionales apuntan al desarrollo nacional de la producción, industrialización e incremento de la mano de obra nacional. En el capítulo II, (artículo 3º) se define en la normativa, el tema del dominio y la jurisdicción, estableciendo que son de dominio de las provincias con litoral marítimo y ejercerán esta jurisdicción a los fines de su exploración, conservación y administración a través del marco general establecido por la ley.
Establece dos ámbitos de jurisdicción: 1) el nacional, ZEE desde las 12 millas marinas y 2) el de las provincia con litoral marítimo sobre los recursos vivos que pueblen sus aguas hasta las 12 millas marinas. Fija como ámbito de aplicación la regulación de la pesca en los espacios marítimos sujetos a la jurisdicción nacional, y la coordinación, protección y administración de los recursos pesqueros que se encuentran tanto en jurisdicción nacional como provincial (artículo 5º). Visualizamos entonces que el Estado provincial no solo debe ocuparse de la producción y explotación en la actividad pesquera, sino que además no puede, ni debe estar ajeno a las situaciones vinculadas al Legislatura de la Provincia de Río Negro mal estado de las embarcaciones ya sea por la falta de mantenimiento o por fallas propias del paso del tiempo y/o de fabricación. Es clave que se asuma en este sentido que este problema ha causado innumerable cantidad de víctimas entre los trabajadores de la actividad.
Es por ello indispensable que tanto e Estado Nacional, como el Provincial y el sector privado apuesten a la modernización y a la productividad dentro de la actividad pesquera en sus distintos rubros de producción y explotación.
El Gobierno Nacional a través del propio Presidente de la Nación Mauricio Macri, acaba de anunciar en este sentido en el marco de una reunión de la Mesa de Pesca realizada en la ciudad de Mar del Plata en que se analizó la problemática del sector y especialmente la seguridad de las embarcaciones, que activará una línea de crédito del Banco Nación, contra garantía, para colaborar con el financiamiento que necesita la actividad para potenciar su desarrollo. Ello luego de afirmar que “no pueden salir barcos” a altamar “que carezcan del mantenimiento que corresponde”, los instó a “hacerse responsables” del estado de las embarcaciones y dijo que “donde haya habido negligencia empresaria habrá cuestiones penales de por medio”.
Entendemos entonces que el Gobierno Provincial puede y debe acompañar una iniciativa de estas características, promoviendo a través de la Subsecretaría de Pesca provincial un marco de trabajo conjunto con la Prefectura Naval Argentina y en el contexto del Consejo Federal Pesquero, a los fines de brindarle un abordaje integral a la temática. En ese sentido debe otorgársele además preponderancia a la promoción de líneas especiales de crédito con el acompañamiento provincial ya sea a través del sistema bancario o en menor medida mediante una línea de orientación en ese sentido de la Agencia de Desarrollo Crear.