La reciente audiencia pública convocada por la Secretaría de Energía de la Nación para exponer los lineamientos del nuevo plan de subsidios energéticos, celebrada el pasado 29 de febrero, ha dejado un amargo sabor de boca entre los asistentes y usuarios.
Aunque se anunció que la normativa para implementar el sistema será publicada «antes del 10 de abril», se admitió que el programa aún se encuentra en fase de borrador, dejando una serie de interrogantes sin respuesta.
El plan nacional busca introducir criterios más estrictos para la exclusión de los subsidios, incluyendo la posesión de vehículos con menos de 5 años de antigüedad y la detección de ingresos no declarados, como la adquisición de moneda extranjera o la posesión de una prepaga de salud no vinculada a un empleo formal.
Además, se planea establecer una Canasta Básica Energética (CBE) que determinará el consumo modelo en pesos y cantidad para cada familia, dividiéndola en zonas climáticas y grupos según la cantidad de personas. Sin embargo, la incertidumbre persiste en cuanto a cómo se aplicarán los subsidios, con funcionarios admitiendo que podrían ser parciales o totales, una revelación que no estaba contemplada inicialmente en la documentación de la audiencia.
La ausencia del Secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, en el encuentro y la falta de detalles sobre cómo se determinará el monto a pagar por parte de los usuarios han generado críticas y dudas sobre la transparencia del proceso.
Una de las polémicas más destacadas surgió durante la presentación del funcionario Salvador Gil, quien señaló un presunto «sobreconsumo» de gas en la Patagonia. Esta afirmación suscitó el rechazo de diversos sectores, que argumentaron que los promedios de consumo propuestos no reflejan las necesidades reales de la región, especialmente en términos de calefacción debido a las bajas temperaturas.
Las críticas también se dirigieron hacia el proceso de consulta pública en sí, con reclamos sobre la falta de acceso oportuno a la información relevante, lo que llevó a cuestionamientos sobre la legalidad de la audiencia.
En medio de este escenario, las autoridades se comprometieron a presentar un informe detallado de la audiencia el próximo 10 de marzo, mientras que el plazo para la implementación del nuevo sistema se mantiene hasta el 10 de abril, afectando las facturas que se pagarán en mayo. Sin embargo, las incertidumbres persisten y la presión aumenta sobre el gobierno para aclarar y ajustar el plan en función de las preocupaciones planteadas por diversos sectores de la sociedad.
EXPUSO LA DEFENSORA DEL PUEBLO DE RIO NEGRO
Durante la audiencia, convocada por la Secretaría de Energía de la Nación, la defensora del pueblo, Adriana Santagati puntualizó, sobre la base de la documentación puesta a disposición, en dos temas centrales, por un lado, la redeterminación de la estructura de subsidios a fin de asegurar el acceso a los servicios energéticos y, por otro lado, la determinación de lo que representaría un “consumo básico y esencial”, a través de la conformación de la “Canasta Básica Energética”.
“La Canasta Básica se pretende ajustar a las necesidades de los usuarios, considerando la cantidad de miembros del hogar y la zona climática, pero no considera la necesidad energética de la vivienda familiar. De la información proporcionada se advierte un esfuerzo en la medición del consumo, pero no en la necesidad. Es aquí donde consideramos que corresponde dimensionar en los estudios y análisis la brecha entre necesidad de energía y demanda efectiva o gasto realizado”, remarcó la defensora del Pueblo.
Indicó que “pretender trasladar al usuario parámetros de uso de la energía en Europa, no se condice con las condiciones habitacionales y posibilidades de acceso a sistemas de eficiencia energética de la población nacional, donde se registran niveles de pobreza del orden del 57%”.
“En el material de análisis se indica que `se considera necesario asegurar el acceso de todos los hogares a un consumo básico para una vida digna´. Si bien la determinación de lo que debe interpretarse como ´un consumo básico´ y ´una vida digna´ resulta discrecional, debe ser debidamente merituada teniendo en consideración las particularidades regionales, para no producir nuevas desigualdades, fruto de la asignación de recursos a sectores que no lo requieren”.
En función de ello, la defensora Santagati efectuó algunos aportes a los fines que sean considerados en la revisión de la metodología de determinación de la Canasta Básica Energética que se propone adoptar.
