En el día de la fecha las legisladoras Magdalena Odarda y Ayelén Spósito presentaron un proyecto de Ley para derogar el controvertido contrato firmado por la ex Gobernadora Arabela Carreras el 13 de febrero de 2023, con la empresa Israelí Mekorot, el cual fue calificado como «manifiestamente inconstitucional» y un «peligro inminente para la soberanía provincial».
El acuerdo, inscrito en el marco de un Convenio Marco de Cooperación Técnica entre Argentina e Israel, otorga a Mekorot la propiedad intelectual sobre información crucial relacionada con los recursos hídricos de Río Negro. Además, el contrato estipula condiciones altamente controvertidas, como la aplicación de leyes inglesas para la interpretación del contrato, la confidencialidad absoluta de todos sus términos y la exclusión de los tribunales argentinos en caso de disputas, sometiéndose a un árbitro único en Inglaterra bajo el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional.
Odarda denunció que el contrato representa una entrega de soberanía, dado que cede la propiedad intelectual sobre todos los estudios realizados sobre los recursos hídricos de Río Negro a una nación extranjera. «Es inaceptable que el valor económico de nuestra agua, la ubicación de las fuentes de agua dulce que poseemos y un sinfín de datos estratégicos se pongan en manos de una empresa extranjera, privando a nuestra nación y a Río Negro de acceder a dicha información. Este acuerdo compromete seriamente nuestra soberanía y la seguridad de nuestros recursos naturales», afirmó Odarda.
La legisladora también destacó los antecedentes negativos de Mekorot, empresa denunciada por la ONU, la Asociación Permanente de Derechos Humanos (ADPH) y Amnistía Internacional por violaciones a los derechos humanos en torno al uso del agua. Además, afirmó Odarda que Río Negro cuenta con capacidad suficiente para gestionar sus propios recursos hídricos, mediante instituciones como la Universidad Nacional del Comahue y la Universidad Nacional de Río Negro, que poseen investigadores y profesionales altamente capacitados en la materia. «No necesitamos acudir a ninguna nación extranjera para planificar y administrar nuestros recursos hídricos. Tenemos el talento y los conocimientos necesarios dentro de nuestra provincia», concluyó Odarda.
Las legisladoras informaron que el contrato estipula la prohibición de hacer público cualquier término del convenio y sus conclusiones, condición que es expresamente inconstitucional de acuerdo al artículo 4° de la Constitución de Río Negro, que garantiza la transparencia y publicidad de todos los actos de gobierno. Asimismo, el Artículo 181 de la Constitución rionegrina establece que la firma de convenios con Estados extranjeros, exigen la ratificación posterior del Poder Legislativo para su aprobación / ratificación, cuestión que no ocurrió. Peor aún, el acceso a la información que hoy se difunde fue logrado recientemente luego de reiterados pedidos de informes ignorados en su momento por la ex Gobernadora Carreras.
Por último, y no menos grave, Odarda denunció que la representante del Poder Ejecutivo de Río Negro ni siquiera fue acreedora de una copia del convenio. De modo que, su actuación se limitó a ser testigo mudo de la entrega de la propiedad intelectual sobre un recurso natural vital para la vida y la producción de los rionegrinos y rionegrinas.
“En definitiva, el contrato firmado con la empresa Israelí Mekorot es manifiestamente inconstitucional por haberse firmado en secreto y de espaldas al pueblo rionegrino, razón por la cual debe ser derogado por la Legislatura de Río Negro en forma inmediata.” Sentenció Odarda.