Impulsados por la llegada del barco licuefactor a las costas locales, el gobierno municipal y el provincial se preparan para la audiencia pública en el Puerto del Este. Este proyecto, presentado por los hermanos Bulgheroni en el contexto del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), promete inversiones monumentales, difíciles de dimensionar para la mayoría de los ciudadanos comunes. Sin embargo, cabe preguntarse cuánto de esa inversión realmente beneficiará a la región.
El régimen al que adhirieron tanto la provincia como el municipio establece que gran parte de los beneficios se concentran en incentivos fiscales y aduaneros para los inversores, con la esperanza de que ello genere un efecto multiplicador en la economía local. Sin embargo, hasta el momento, lo que se vislumbra es que el impacto directo será principalmente en la contratación de servicios y mano de obra de empresas externas. De hecho, los especialistas requeridos para operar este tipo de infraestructura no se encuentran en nuestra zona, y probablemente tampoco en el país.
El RIGI otorga exenciones arancelarias para bienes de capital, repuestos y otros insumos, además de ventajas impositivas, permitiendo a los inversores adquirir recursos en mercados internacionales sin restricciones. Esto podría representar un obstáculo para los proveedores locales y regionales, pese a las declaraciones previas que aseguraban que se priorizaría la adquisición de insumos disponibles en la zona. Aunque los comunicados oficiales afirman lo contrario, las normas del RIGI no obligan a los inversores a cumplir con ese compromiso.
Quienes parecen más optimistas son los obreros de la construcción, quienes encontrarán empleo durante el período de obras iniciales. La UOCRA, uno de los gremios más movilizados, ha respaldado estas oportunidades con fuerza en cada convocatoria, especialmente en un contexto donde el presupuesto nacional presentado por el gobierno de Javier Milei carece de grandes proyectos de obra pública. Esto plantea un escenario incierto: si dicho presupuesto se aprueba, las inversiones discrecionales serán el único recurso para dinamizar este sector y esto, no va a ocurrir.
La audiencia pública, aunque no vinculante, será un espacio clave para escuchar tanto a voces disidentes como a quienes apoyan el proyecto. No obstante, lo que ocurrirá después, con el inicio del «gran movimiento», dependerá de la capacidad de planificación del gobierno municipal. En las últimas semanas, este mismo gobierno ha sido objeto de críticas por presuntas irregularidades en la venta de terrenos públicos. Aunque los hechos datan de más de un año, las observaciones de la contadora municipal dieron pie a pedidos de informes y al apartamiento de los funcionarios implicados. Esto pone en evidencia posibles fallas en los mecanismos de control, que o bien son ineficaces, o bien funcionan con extrema lentitud.
El intendente tiene la responsabilidad de esclarecer este asunto, ordenando una investigación exhaustiva que determine cómo se procedió, quiénes estuvieron involucrados y si se violaron normativas, como señala la oposición. Incluso algunos aliados políticos han marcado distancia, como lo hizo Masch al votar con los opositores en este caso. Esto genera tensiones dentro del oficialismo y plantea la posibilidad de un quiebre político.
Con todos estos elementos en juego, la situación es un recordatorio de los desafíos estructurales y políticos que enfrenta la región, donde las grandes inversiones prometen mucho, pero también dejan interrogantes sobre su verdadero impacto.
