El gobierno de Río Negro presentó un proyecto de ley que propone regular, intervenir y cobrar aranceles en los puertos existentes y los que se desarrollarán en la provincia, especialmente aquellos vinculados con las inversiones energéticas.
La iniciativa será tratada en la Legislatura provincial durante la sesión extraordinaria del martes 17 de diciembre.
El proyecto contempla la intervención provincial en infraestructuras clave, como el puerto de Punta Colorada asociado al desarrollo petrolero de Vaca Muerta Sur y las instalaciones relacionadas con el gas natural licuado (GNL), incluido el buque licuefactor que se instalará al sur de Las Grutas. Actualmente, Río Negro carece de un marco normativo portuario general, ya que el puerto de San Antonio Este opera bajo una ley específica cuya concesión expira en enero de 2028.
La propuesta incluye lineamientos adelantados por el gobernador Alberto Weretilneck, quien en julio pasado se refirió a un “modelo portuario privado” sin participación de consorcios, municipios ni gremios en la administración. La regulación quedaría bajo la órbita de la Secretaría de Energía y Ambiente, designada como Autoridad de Aplicación.
Puntos clave del proyecto
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Regulación integral: La normativa abarcará la autorización, construcción, habilitación, administración, operación y explotación de todos los puertos existentes o futuros, ya sean marítimos, fluviales o lacustres.
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Canon portuario: El artículo 15 establece que los titulares de terminales portuarias privadas deberán abonar un canon por el uso y aprovechamiento del dominio público portuario, cuya tarifa será fijada por la Autoridad de Aplicación.
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Registro Provincial de Puertos: Se creará un registro que incluirá todas las instalaciones portuarias de la provincia.
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Agencias Portuarias: Estas entidades autárquicas se encargarán de administrar y operar los puertos bajo dominio provincial, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
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Concesiones: Las obras portuarias financiadas por titulares privados tendrán un contrato de concesión de uso por un período máximo de 50 años, prorrogable por cinco años más.