En el seno del Consejo Federal Pesquero (CFP), las provincias de Santa Cruz y Río Negro han manifestado su desacuerdo con la distribución de cuotas de la merluza hubbsi. De las cinco provincias con litoral marítimo que tienen voz y voto, solo estas dos han expresado claramente su descontento con el reparto propuesto.
Ricardo Patterson, representante de Santa Cruz, ha solicitado que se asignen unas 30 mil toneladas de merluza para su provincia y que se restablezca un límite del 10% de concentración de cuotas por empresa o grupo empresario. Por su parte, Sergio Paleo, representante de Río Negro, coincide con la necesidad de limitar la concentración de cuotas y propone que ese volumen se destine al cupo social. Asimismo, Paleo ha solicitado que se revisen los factores de conversión aplicados por los barcos de la flota congeladora, que determinan sus volúmenes de captura.
El debate sobre la concentración de cuotas no es nuevo. En 2009, el CFP estableció que ninguna empresa podía concentrar más del 10% del total de las Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC) de merluza. Sin embargo, en 2018, ese límite se incrementó al 15% por iniciativa de Juan Manuel Bosch, entonces subsecretario de Pesca.
El cupo social, un volumen de captura destinado a atender cuestiones de interés social, se encuentra también en el centro de la polémica. Según las denuncias, este cupo ha sido distribuido entre barcos que, en muchos casos, no poseen permisos para la pesca de merluza hubbsi, una situación que ha sido criticada por las provincias de Santa Cruz y Río Negro, pero que también involucra a Buenos Aires. Esta última habría repartido miles de toneladas de cupo social entre barcos sin los permisos adecuados desde 2009, una práctica que, según estimaciones, podría repetirse en el próximo reparto.
La normativa vigente establece un marco claro para el reparto de cuotas de captura basado en criterios como capturas previas, empleo, inversiones e infracciones. A pesar de ello, el CFP ha optado por un enfoque que, según sus críticos, busca satisfacer a todos los actores, generando un clima de discrecionalidad y favorecimiento. Este manejo ha sido señalado como el origen del escándalo de sobornos que sacudió al sector recientemente.
Los consejeros de Santa Cruz y Río Negro, considerados «díscolos» por su postura crítica, continúan en la disputa, mientras que las empresas pesqueras y otros actores buscan diferentes estrategias para asegurarse su parte de las cuotas, ya sea por medio de la ley o de otras vías. La historia de la cuotificación, marcada por irregularidades desde su primera implementación en 2009, parece destinada a repetirse en este nuevo proceso. (fuente Revista Puerto)
