El año pasado, una mujer dejó su auto Megane estacionado en Carlos Carasale y Brown, en San Antonio Oeste. Unos empleados municipales que estaban trabajando en el lugar, le avisaron que una camioneta Ranger había chocado a su vehículo.
Volvió al lugar rápidamente y constató que el golpe le ocasionó abolladuras en las puertas trasera y delantera del lado izquierdo del vehículo. Los propietarios intercambiaron los datos de los seguros e hicieron las denuncias correspondientes.
La mujer continuó el reclamo con la empresa aseguradora. Ante la solicitud de ella propia empresa, le remitió los presupuestos de arreglo del vehículo.
El seguro realizó un primer ofrecimiento de reparación, muy por debajo del presupuesto. Luego realizó un segundo ofrecimiento, que representaba la mitad de lo necesario.
En noviembre del año pasado inició un proceso de mediación. Actualizó el presupuesto, pero la aseguradora ofreció dos tercios y a pagar en 60 días. Ante “el plazo de pago y la realidad económica del país”, no aceptó.
Entonces, ya en 2024, comenzó un proceso de menor cuantía en el Juzgado de Paz. En muy poco tiempo, se revolvió. En la audiencia de conciliación, no llegaron a un acuerdo. Las partes coincidieron en el reconocimiento de los hechos que dieron lugar al siniestro, sin objetar la mecánica del siniestro y ni la responsabilidad del demandado como conductor del vehículo.
La Jueza de Paz tuvo en cuenta que la aseguradora rechazó hacer una pericia mecánica para ver los daños. Entonces, tuvo por válido el presupuesto presentado por la mujer, “al no existir otro medio fehaciente” para establecer el costo de la reparación.
Además, hizo lugar al pedido de desvalorización: “resulta indiscutible que el rodado en virtud del siniestro sufrido comprenderá una merma en su valor el cual debe ser resarcido”.
Así, la Mercantil Andina y el conductor deberán hacerse cargo de la reparación y la indemnización.