El Fiscal de la Unidad Fiscal Temática N° 2 de Viedma, Dr. Guillermo Carlos Ortiz, dictó la resolución que en su parte pertinente debido a que el tiempo transcurrido dificulta la localización de la víctima y con la finalidad de evitar nuevas dilaciones.
El pedido de Sobreseimiento se da en virtud de lo dispuesto en el artículo 155 inc. 5) del C.P.P.- a dos familiares que dentro de su vivienda en la zona del barrio Michelli habían llevado todo lo que habían sustraído de una casa ubicada en el barrio Terrazas al Mar.
Por ello el fiscal es formular el pedido de cancelación de los imputados “por lo cual y atento al tiempo transcurrido desde la fecha de comisión del delito, ante la entrada en vigencia de la Ley 5020 y en orden a una racionalización de los recursos de este Ministerio Público Fiscal, corresponde re analizar la continuación de la pesquisa. Que habiendo solicitado los antecedentes que pudieran registrar los imputados ante el registro Nacional de Reincidencia, se tiene como resultado que los nombrados no registran antecedentes computables”.
Señala además que “atento a ello, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, el monto de la pena del delito que se les imputa y lo dispuesto respecto de la prescripción… sin que se den ninguno de los supuestos interruptivos previstos entiendo que corresponde formular el pedido de sobreseimiento” estipula el letrado.
SAO: cumplió las pautas de conductas
Un hombre que reside en San Antonio Oeste, que fue acusado por encubrimiento en una causa penal, el Superior Tribunal de Justicia resolvió revocar el beneficio de suspensión del juicio a prueba en atención al incumplimiento de las pautas de conducta oportunamente impuestas y lo dictaminado por el señor Agente Fiscal.
En tal sentido, señala el escrito que la suspensión puede dejarse sin efecto en el supuesto de incumplimientos injustificados, lo que de por sí implica la posibilidad del imputado para explicar lo ocurrido en la causa que se le sigue.
El Defensor hizo una reseña del trámite, lo que incluye la presentación de una certificación donde consta la realización de la totalidad de las horas de trabajo no remuneradas impuestas para la concesión del instituto de presos y liberados.
En este contexto el tribunal de Casación establece que la Sentencia de la Sala A de la Cámara en lo Criminal, como tribunal unipersonal con competencia correccional, tener por cumplidas las pautas de conducta oportunamente dispuestas al suspender a prueba el proceso que se le seguía al acusado y regrese a primera instancia.
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