La Justicia de Río Negro resolvió este martes prorrogar por cuatro meses la prisión preventiva de un docente detenido desde el año pasado en el Penal N°1 de Viedma, acusado de cometer múltiples hechos de abuso sexual contra 11 alumnas de escuelas primarias de San Antonio Oeste.
La decisión fue adoptada por el juez Favio Corvalán, tras una extensa audiencia con participación presencial y remota de todas las partes involucradas. El magistrado coincidió con la fiscalía, la querella y la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes en que persisten los riesgos procesales y que una eventual liberación del imputado podría interferir en el desarrollo de la investigación.
Durante la audiencia, la defensa —integrada por los abogados Emiliano Gallego y David Lavsky— solicitó que se le concediera arresto domiciliario en una vivienda del barrio porteño de Núñez, bajo control electrónico. Sin embargo, el juez rechazó el pedido por considerar que no se han modificado las condiciones que originaron la medida cautelar y que subsisten los riesgos de fuga y de entorpecimiento de la causa.
“Estamos ante un caso donde más de 11 niñas habrían sido víctimas de abuso sexual”, afirmó Corvalán al fundamentar su resolución, que extiende la prisión preventiva hasta el 20 de septiembre.
El fiscal Gustavo Arbues remarcó que aún resta producir una importante cantidad de prueba, como declaraciones testimoniales de familiares de las víctimas y ampliaciones de informes técnicos por parte de organismos educativos y periciales. En ese sentido, los abogados querellantes Santiago Alonso y Damián Torres coincidieron en que la liberación del acusado implicaría un riesgo para la continuidad de la investigación y podría revictimizar a las niñas y sus entornos.
La defensa también planteó la necesidad de contar con una orden judicial para poder entrevistar a padres de algunas víctimas, quienes —según argumentaron— se han mostrado reticentes al diálogo. No obstante, el juez desestimó el pedido al señalar que tal facultad corresponde al Ministerio Público Fiscal, que no formalizó esa solicitud.
Uno de los momentos más tensos de la audiencia se vivió cuando el abogado Gallego cuestionó la prórroga de la prisión preventiva, advirtiendo que “los argumentos se van modificando con el correr del tiempo” y que no hay un sustento firme para sostener que el imputado pueda interferir en la causa. A pesar de esto, la fiscalía y la querella ratificaron su posición, subrayando que aún queda por producir prueba sensible y que los riesgos procesales se mantienen vigentes.
La defensa dejó planteada la reserva de impugnación y apelación de la medida adoptada por el juez.
El caso continúa en etapa de investigación preparatoria, y se anticipa que durante los próximos meses se incorporarán nuevos elementos clave, entre ellos pericias criminalísticas, informes forenses y documentación de áreas técnicas y educativas. La causa, por su gravedad y alcance, ha sido calificada como una de las más complejas y delicadas que enfrenta el fuero penal rionegrino en los últimos años.
Todo el proceso judicial avanza bajo estrictas medidas de protección para las víctimas y sus familias.
