La Cámara de Apelaciones en lo Civil de Viedma confirmó una sentencia que desestimó la demanda de daños y perjuicios contra una arquitecta, a quien habían responsabilizado por el derrumbe de una obra en San Antonio Oeste.
El tribunal entendió que la construcción, de canchas de fútbol, fue llevada adelante de manera clandestina y sin la dirección técnica que había sido pactada inicialmente en el contrato.
El fallo, que lleva las firmas de los jueces Ariel Gallinger, Gustavo Bronzetti Núñez y la jueza María Luján Ignazi, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la profesional. Además, ratificó una reconvención de la demandada por el incumplimiento en el pago de honorarios.
Según la denuncia original, la mujer había contratado a la profesional en abril de 2016 para proyectar y dirigir la construcción de canchas de fútbol 5. Pero apenas seis meses después, el 12 de octubre de 2016, una parte de las paredes se desplomó. La actora consideró que la responsabilidad era de la profesional, a quien acusó de una deficiente dirección de obra.
La arquitecta, por su parte, aseguró que había renunciado a esa dirección antes del colapso, al constatar que la obra avanzaba sin su intervención y sin que se le hubieran abonado los honorarios correspondientes.
Un recurso que no logró revertir la historia
La Cámara analizó los agravios planteados por la afectada, quien cuestionó la valoración de la prueba, la objetividad del peritaje, la omisión de testimonios favorables y hasta denunció supuestas presiones externas que habrían afectado la imparcialidad del proceso.
Sin embargo, el voto del juez Gallinger (al que adhirieron sus colegas), fue concluyente: la arquitecta no tuvo responsabilidad porque la construcción se ejecutó por fuera del marco legal y sin seguir los planos ni respetar los permisos.
El dato técnico que inclinó la balanza
Uno de los puntos claves fue el informe del perito ingeniero, quien concluyó que el derrumbe se debió a modificaciones sustanciales en la obra que no respetaron lo proyectado por la arquitecta. Además, el permiso de inicio de obra recién se había otorgado el 16 de septiembre de 2016, mientras que los trabajos comenzaron varios meses antes, sin supervisión profesional.
Incluso la propia actora había reconocido que la planificadora y supervisora de obras estuvo en el predio apenas dos veces: para colocar el cartel de obra y para retirarlo cuando presentó su renuncia.
La Cámara también respaldó la reconvención presentada por la arquitecta, quien reclamó por el pago incompleto de sus honorarios. El tribunal señaló que no hubo argumentos suficientes para cuestionar esta parte de la sentencia, sobre todo cuando la propia demandante reconoció haber pagado solo el 40% de lo pactado. Finalmente, se impusieron las costas del proceso a la actora y se reguló honorarios a los abogados intervinientes.
