El 30 de octubre pasado, la ciudad de San Antonio Oeste se vio conmocionada por el asesinato de la mujer de 28 años, Carolina Ayelén Rivero, una empleada municipal que dejó dos hijos.
El asesino –Elvio Pazos (39)-, cuyos padres y hermanos tienen prohibición de contacto con el grupo de la víctima, sigue preso imputado por femicidio y violencia de género.
Pazos le había asestado varios golpes y puñaladas en la casa que ocupaba con la joven, hasta terminar con esa joven vida.
Aproximadamente en dos meses, deberá ser la audiencia de Control de Acusación
Se trata de un acto procesal público y oral, que probablemente sería virtual. El mismo debe ser celebrado ante el juez de la causa, mediante el cual la fiscalía le atribuye formalmente al procesado la comisión del delito con lo cual adquiere éste, la calidad formalmente de acusado.
La querella, encabezada por el doctor Damián Torres, buscará la máxima pena permitida en el código.
La acusación constituyó ya varios testimonios en San Antonio Oeste, además de ir recabando los testigos que comparecerán en el juicio, sumado a estos, estarán las pericias científicas que se realizan en laboratorios especializados.
Ley Brisa
Los hijos de Carolina podrían ser beneficiados con la Ley Brisa (Ley N° 27.452) establece que los hijos y las hijas de mujeres víctimas de femicidio o de homicidio en contexto de violencia intrafamiliar y/o de género deben ser protegidos para crecer en un ambiente sano y libre de violencias.
Por eso, tienen derecho a recibir una reparación económica mensual, acceder a una cobertura integral de salud y ser acompañados de manera integral durante su crianza.
Recién ahora
Este jueves, la Legislatura aprobó en forma unánime el proyecto de ley que plantea la posibilidad de aplicar la prisión preventiva a quienes ejercen violencia de género y no cumplan .
Los autores del proyecto argumentaron que se trata de una respuesta “a una realidad que nos explota en la cara”, la cual muestra que se comete un femicidio cada 22 horas. «Existen casos en los que hay que actuar de manera pronta y expeditiva, dictando la prisión preventiva como única solución para asegurar los derechos de la mujer, su familia o entorno afectivo», indica la iniciativa.
Recordemos que la familia de Carlonia señaló que hizo al menos 12 denuncias y que solo pocas (no mas de tres) se registaron.
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