Aquellos que son parte del gobierno municipal, que no contestasen un pedido de informe, podrían ser sancionados con multas económicas que abarcaría un descuento en sus dietas.
Tendrán un plazo de 30 días y podrán solicitar una extensión de 15 máximo. Pasado ese período, le restarán de sus haberes entre el 25 y el 50% del total que perciben.
Esto surge después que concejales de la oposición hicieran varias solicitudes a distintos miembros del ejecutivo, como lo hiciera el ex edil de la UCR Pablo fernpandez y solo dos en cuatro años fueron respondidos.
Los funcionarios que fueren sancionados, podrán apelar al Tribunal de Cuentas. Los contralores evaluarán la medida y darán un planteo según cada caso.
Por otra parte se rumorea que probablemente el ejecutivo podría vetar la ordenanza, ya que hubo planteos de parte del oficialismo que no son un órgano para embargar salarios, solo la justicia puede realizar tal acto.
A pesar de ello la ordenanza salió por unanimidad. Ahora el intendente Ojeda analizará la misma.
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