El ministro de Gobierno de Río Negro, Dr. Fabián Gatti, se refirió este lunes a la compleja situación que atraviesa la empresa Álcalis de la Patagonia (ALPAT), una de las principales fuentes de empleo y actividad económica en la localidad, y confirmó que el Gobierno provincial trabaja activamente en un plan de asistencia para sostener los puestos de trabajo y evitar una crisis social.
Gatti destacó que “la situación que está viviendo ALPAT” requiere el acompañamiento del Estado provincial no solo por la magnitud de la empresa, sino por el impacto directo que tiene en más de 500 familias y en otras tantas vinculadas indirectamente a su actividad. “Se estima que ALPAT representa entre el 45 y el 50 por ciento de la economía de San Antonio Oeste”, señaló.
En ese sentido, explicó a este medio que desde hace varios días se vienen realizando reuniones con los distintos actores involucrados, tanto en la Secretaría de Trabajo —junto a gremios y representantes de la empresa— como con el propio gobernador Alberto Weretilneck. “Nuestro norte es claro: sostener el empleo registrado y acompañar a los trabajadores en todo momento”, afirmó.
El funcionario recordó que el gobernador había anticipado en marzo, durante la apertura de sesiones legislativas, que este sería un año especialmente complejo para el sector privado, en línea con lo que fue 2024 para el sector público. “Lamentablemente no se equivocó. Hoy vemos las consecuencias, y ALPAT es un caso paradigmático”, agregó.
Uno de los factores que agravó la situación es el aumento de tarifas energéticas, especialmente del gas en los meses de invierno, lo que desbalanceó el flujo de fondos de la empresa. “Si el Estado no acompaña ese cambio, las consecuencias pueden ser dramáticas”, advirtió Gatti, recordando casos pasados como el de Sierra Grande, donde el cierre de empresas significó décadas de impacto económico y social negativo.
Ante este escenario, el Gobierno provincial está diseñando un programa de contingencia que será financiado con recursos provenientes de la Ley 5733 de renegociación de contratos petroleros. Esta norma permite a la provincia destinar fondos tanto a infraestructura como a asistencia social y situaciones de crisis como la actual.
“Todavía no está efectivizada la asistencia, porque se están analizando las alternativas, pero la decisión política está tomada: vamos a sostener el empleo, vamos a sostener a las familias. Porque cuando una familia no tiene un negocio propio, lo único que tiene es su trabajo”, concluyó el ministro.
