La legisladora provincial Ayelén Sposito, elevó un proyecto de comunicación dirigido al Dr. Diego Spagnuolo, titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, con el objeto de solicitar la suspensión del proceso de auditorías sobre los beneficiarios de las pensiones no contributivas por invalidez laboral.
Esta iniciativa se fundamenta en las numerosas denuncias de colectivos y asociaciones civiles en defensa de las personas con discapacidad de todo el país, quienes afirman que no se encuentran no garantizadas las condiciones logísticas y operativas mínimas paraE llevar adelante dicho proceso.
Como argumento, la comunicación sostiene que en muchos casos las direcciones a la que son enviadas las cartas documento son erróneas, lo que impide la notificación en tiempo y forma, reduciendo los plazos para cumplir con los requisitos solicitados.
También, se ha cuestionado que las cartas documento no tienen los apoyos necesarios para personas con discapacidad intelectual o personas con discapacidad visual, algo paradójico ya que quien planifica y coordina estas acciones es la propia agencia nacional de discapacidad.
En el caso de Rio Negro, según el documento , ocurre algo similar. La sede del ANDIS en Viedma, ubicada en Colón 246, no cuenta con condiciones mínimas de accesibilidad, careciendo de rampas y de horarios claros de atención claros, lo que generaba confusión y malestar en quienes asisten para realizar trámites urgentes. En Viedma hay 4.550 personas con discapacidad, lo que representa el 12% del total provincial.
Además, varios beneficiarios han expuesto que las y los trabajadores de la oficina mencionada no cuentan con herramientas, ni capacitación suficiente para orientar a las familias que intentan regularizar su situación, lo que agrava la incertidumbre y exponen a millas de personas al riesgo de perder su pensión, muchas veces su único ingreso.
En este sentido, Spósito sostiene que «utilizar la auditoria como un filtro, es un mecanismo institucional que pretende seguir desmantelando y recortando ayudas sociales, bajo el esquema de la motosierra, como viene sucediendo con las y los jubilados».