La polémica por la remoción de tierras en el sector conocido como “La Estanciera” sigue generando repercusiones judiciales e institucionales. A raíz de la denuncia presentada por el Defensor del Pueblo Municipal, Gabriel Bottari, ya se ha iniciado una causa judicial y el expediente fue remitido a una fiscalía de la ciudad de Viedma.
Según pudo conocer este medio, el municipio local ya recibió un oficio judicial solicitando información detallada sobre lo sucedido. Desde la comuna se habría respondido con documentación que incluye el organigrama, misiones y funciones de las áreas involucradas. Estos documentos ya fueron elevados a las autoridades del Ministerio Público Fiscal.
El Defensor del Pueblo busca esclarecer si el material removido contiene componentes contaminantes, en un contexto en el que existe una prohibición expresa para su extracción. “Todo lo que tiene que ver con el medio ambiente recae sobre la provincia”, afirmó Bottari, quien además subrayó la necesidad de identificar a los funcionarios municipales responsables de autorizar la remoción del suelo.
“Se han solicitado informes para saber quién o quiénes dieron la orden de mover ese material, pero hasta el momento no hemos recibido una respuesta clara. Lo único que tenemos es una copia de lo que se presentó en la conferencia de prensa, pero no se nos ha informado oficialmente quién autorizó ni cuál fue el destino final del material”, explicó.
Aunque se conoce públicamente dónde fue depositado el material extraído, esa información no ha sido confirmada por escrito. Paralelamente, desde la fiscalía provincial se indicó que la causa fue ingresada al sistema judicial y que actualmente se encuentra en proceso de sorteo para determinar qué fiscal intervendrá en la investigación penal.
Bottari también expresó su preocupación por los riesgos ambientales que implica la situación. “Hay escuelas frente al lugar donde está depositada esta tierra, y cuando hay viento fuerte, ese polvo se dispersa, generando un potencial foco de contaminación. No podemos seguir esperando”, manifestó.
En este sentido, el defensor sugirió la posibilidad de mantener una reunión con el juez de amparo, del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, con el objetivo de presentar un plan inmediato de remediación ambiental que permita destrabar la medida judicial que actualmente prohíbe la remoción del material.
“Hoy tenemos dos problemas: una tierra posiblemente contaminada y una medida judicial que impide actuar. Debemos encontrar una solución urgente, una propuesta técnica que sea la menos contaminante posible y que cuente con aval judicial”, concluyó Bottari.
La situación sigue en desarrollo, y se espera que en los próximos días la fiscalía interviniente determine si existió algún delito en la extracción del material y, de ser así, quiénes fueron los responsables.
