Una nueva demanda colectiva contra la diputada Villaverde por venta de terrenos en Las Grutas

Tres compradores, interpusieron una demanda por daños y perjuicios contra la desarrolladora inmobiliaria María Lorena Villaverde, actualmente diputada nacional por la Libertad Avanza, acusándola de incumplimiento contractual y publicidad engañosa en la venta de lotes en el desarrollo urbanístico «Villa Verde Las Grutas – Tajamar». El monto reclamado asciende a casi cien millones de pesos.

Según consta en el expediente judicial SA-00223-C-2024.que se tramita en los fueros locales, los demandantes adquirieron tres lotes en diciembre de 2020, con la promesa de que la desarrolladora realizaría obras de infraestructura, como apertura de calles, provisión de agua potable y electricidad, en un plazo de 10 meses. Sin embargo, tras más de cuatro años, las obras no se concretaron, y los compradores descubrieron que los terrenos, ubicados en una zona rural, no podían ser urbanizados sin una excepción municipal que nunca se gestionó.

La demanda, presentada por una asesora letrada en la capital rionegrina alega: incumplimiento contractual. Publicidad engañosa. Violación de la Ley de Defensa del Consumidor

Por su parte, Villaverde, a través de su abogado, argumentó que los retrasos se debieron a la pandemia de COVID-19 y a dificultades en la importación de materiales, factores que consideró «ajenos a su voluntad». Sin embargo, los demandantes destacan que la pandemia ya estaba en curso al firmarse el contrato y que la desarrolladora continuó vendiendo lotes durante ese período.

La indemnización incluye: Daño patrimonial. Daño moral. Daño punitivo. Lucro cesante por un total de $98.639.820,42.

El caso se tramitará bajo el procedimiento sumarísimo previsto en la Ley de Defensa del Consumidor. Se solicitarán pruebas documentales, testimonios y pericias técnicas para verificar el estado de los terrenos y las promesas incumplidas.

La demanda se fundamenta en los artículos 42 de la Constitución Nacional, la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor y el Código Civil y Comercial, que protegen a los compradores frente a prácticas comerciales abusivas.

Según la demanda esperan que la justicia ordene la reparación integral de los perjuicios sufridos y siente un precedente contra las prácticas engañosas en el mercado inmobiliario.

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