UnTER critió el anuncio de la vuelta a clases presenciales

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Una vez más los funcionarios del Ministerio de Educación y Derechos Humanos de la Provincia de Río Negro han definido unilateralmente sin atender las realidades de las comunidades educativas ni la voz del sindicato.

Desde el Consejo Directivo Central de UnTER no resignamos nuestro posicionamiento: priorizar el cuidado de la salud y la vida. Entendemos, no se puede  unificar la vuelta a la presencialidad plena de un día para el otro sin el análisis responsable, atendiendo la disparidad de casos positivos en cada zona como la situación climática de la Provincia.

Como UnTER hemos realizado aportes sumamente valiosos para la construcción de un protocolo que nos llevó meses de reuniones y debates dentro de las instituciones educativas; documento que hoy el gobierno provincial no considera ni tan importante ni tan efectivo.

La aplicación del protocolo trabajado conjuntamente permitió minimizar los riesgos de contagio haciendo hincapié en aspectos fundamentales como el distanciamiento, la sanitización constante, la ventilación cruzada y la toma de temperatura que con esta medida no estarían garantizadas. Entendemos que las comunidades educativas esperan el regreso a una “normalidad muy diferente a la conocida”, pero no a cualquier precio; exigimos para el cuidado y prevención, el cumplimiento pleno de las normativas vigentes.

Tomamos conocimiento por los medios de comunicación de esta definición arbitraria que ha desconocido la mesa de seguimiento COVID, de la cual el sindicato es parte. Asi mismo desmentimos por esta vía, los dichos del secretario de educación, Adrián Carrizo quien sostuvo que la UnTER no ha hecho planteos.

En la reunión que se mantuvo con el Ministerio, el 18 de agosto, exigimos que se revea esta definición totalmente equivocada y que se convoque al sindicato a ser parte del análisis de este nuevo contexto. La vuelta a la presencialidad plena debe ser gradual, paulatina y analizando el impacto de la situación epidemiológica en cada zona, con una evaluación constante y permanente. El derecho a la salud de trabajadorxs y estudiantes requiere una presencialidad cuidada, construida participativamente.

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