La idea es crear un marco normativo urgente para prevenir y sancionar las conductas digitales perjudiciales.
La iniciativa busca incorporar al Código Contravencional provincial un capítulo específico de “Contravenciones Relativas a la Violencia Digital”, estipulando penas de multas, días de trabajo comunitario o arresto para castigar acciones como la difusión no consentida de material íntimo, el ciberhostigamiento y la suplantación de identidad en línea.
La propuesta, elaborada por los legisladores Lorena Matzen y Ariel Bernatene (UCR), surge como respuesta a la acelerada proliferación tecnológica y al uso indebido de herramientas como la inteligencia artificial.
En sus fundamentos, el documento advierte que “la penetración de las tecnologías en la vida diaria es una realidad innegable que exige una regulación adecuada dentro del marco del ordenamiento jurídico”.
Asimismo, el texto alerta sobre el grave impacto de estas agresiones, señalando que, a diferencia del plano analógico, “la violencia digital se caracteriza por su inmediatez, expansibilidad, y permanencia”.
El proyecto aborda la problemática desde un enfoque integral, exigiendo una intervención coordinada del Estado. Para ello, obliga al Ministerio de Educación a incorporar programas de prevención en las escuelas y al Ministerio de Seguridad a capacitar al personal policial en la detección de estos casos.
En materia penal, contempla agravantes que elevan las sanciones al doble si las contravenciones involucran violencia de género, si la víctima es menor de edad, tiene alguna discapacidad o si existe una relación de subordinación.
Tal como subraya el texto legislativo: “En la sociedad actual, la identidad digital es tan relevante como la identidad real de las personas”, haciendo indispensable su inmediata protección legal.
La secretaria de Desarrollo Humano de la Municipalidad de San Antonio Oeste, Paola Díaz, advirtió sobre un incremento de personas en situación de calle en distintos puntos de la ciudad y en Las Grutas, una problemática que, según indicó, se repite cada año pero con mayor intensidad.
La funcionaria explicó que, aunque el área cambió de nombre —anteriormente denominada Desarrollo Social—, las funciones continúan siendo las mismas. En ese marco, detalló que en los últimos días se registraron situaciones puntuales vinculadas a personas que llegan de manera temporaria, muchas veces por trabajo estacional, o que permanecen de paso y terminan instalándose en espacios públicos.
“Han aparecido personas que se quedan en plazas o lugares públicos, algunas con conflictos entre ellos o con la ley, lo que genera incomodidad en los vecinos”, señaló Díaz. En ese sentido, mencionó casos concretos en la Plaza Centenario de San Antonio Oeste, donde se detectaron entre tres y cuatro personas pernoctando y protagonizando situaciones conflictivas.
Desde la Secretaría, indicó, se interviene tanto a partir de denuncias vecinales como por demanda espontánea de quienes atraviesan estas situaciones. Además, recordó que antes del inicio de la temporada de verano se realizó una reunión con delegaciones municipales, autoridades del puerto y personal policial para abordar este fenómeno, que calificó como “habitual” pero en crecimiento.
No obstante, Díaz subrayó las limitaciones en la intervención estatal. “La policía realiza averiguación de antecedentes, pero luego las personas vuelven a circular. No hay herramientas para impedirlo si no hay delito”, explicó.
En cuanto a las alternativas de asistencia, la funcionaria detalló que el municipio puede ofrecer alojamiento temporal por un máximo de tres días. En Las Grutas, por ejemplo, se disponía de un espacio conocido como el ex Globo Azul, actualmente ocupado por una familia que se niega a retirarse pese a haber finalizado el comodato. El caso se encuentra judicializado.
Asimismo, indicó que en otras oportunidades se ha ofrecido a las personas regresar a sus lugares de origen, aunque no todos aceptan. “Algunos acceden, otros no. También hemos tenido casos de personas que solicitaban traslado, pero sin documentación es imposible gestionar pasajes”, sostuvo.
Díaz remarcó que una de las principales dificultades es que muchas de estas personas no cuentan con DNI ni medios de contacto, lo que impide avanzar con gestiones formales. “Sin documentación no pueden viajar, y tampoco acceden fácilmente a los dispositivos de asistencia”, afirmó.
En relación a la respuesta institucional, consideró que se trata de una problemática compleja que requiere también del compromiso comunitario. “Cuando el Estado no puede resolver, la situación pasa a ser comunitaria. Es importante que los vecinos se acerquen, informen o denuncien para poder intervenir”, expresó.
Finalmente, Díaz adelantó que se evalúan alternativas junto a concejales locales para establecer algún tipo de regulación mediante ordenanzas o decretos que permitan abordar con mayor eficacia la situación de personas en situación de calle, una problemática que, según afirmó, “se incrementa año tras año” en la región.
La provincia de Río Negro podría convertirse en el primer polo offshore de Gas Natural Licuado (GNL) de Sudamérica, en el marco de un cambio de paradigma en la industria energética que comienza a trasladar el desarrollo desde tierra hacia el mar. Así lo plantea un informe reciente que destaca el avance de proyectos flotantes y las condiciones estratégicas de la costa atlántica rionegrina.
El eje del desarrollo del GNL argentino ya no se centra exclusivamente en la construcción de grandes plantas terrestres, sino en la implementación de unidades flotantes de licuefacción (FLNG), una tecnología que permite acelerar los tiempos de ejecución, reducir costos y operar con mayor flexibilidad en un mercado global cada vez más competitivo.
En este contexto, la zona del Fuerte Argentino o Punta Colorada, sobre el Golfo San Matías, aparecen como puntos estratégicos. Sus condiciones naturales —como aguas profundas, baja congestión marítima y disponibilidad de espacio— permiten la operación de grandes buques sin necesidad de dragado intensivo, uno de los principales costos en los modelos tradicionales.
A esto se suma su cercanía con Vaca Muerta, lo que facilita la integración entre la producción de gas, su transporte y posterior licuefacción para exportación. Este esquema integral posiciona a Río Negro como un nodo emergente dentro del mapa energético regional.
Actualmente, al menos dos iniciativas relevantes impulsan este modelo. Por un lado, el proyecto de Southern Energy, que ya cuenta con decisión final de inversión, prevé iniciar exportaciones hacia fines de 2027 mediante unidades flotantes frente a la costa rionegrina. Por otro, el proyecto Argentina LNG, liderado por YPF junto a socios internacionales, apunta a un desarrollo de mayor escala con horizonte hacia 2030.
La convergencia de estos emprendimientos en una misma área comienza a delinear un verdadero “cluster offshore” de GNL, con potencial para transformar la región en un centro energético de alcance internacional.
A nivel regional, el desarrollo del GNL en América Latina ha estado históricamente vinculado a plantas en tierra o terminales de regasificación, sin experiencias de licuefacción flotante en operación. Esto abre la posibilidad de que Argentina sea pionera en la implementación de este modelo en Sudamérica.
En el plano global, antecedentes como el proyecto Coral Sul FLNG en Mozambique demuestran la viabilidad del esquema offshore, especialmente en contextos donde la infraestructura terrestre presenta limitaciones.
Tras concretarse estos proyectos, la costa rionegrina no solo ampliaría la capacidad exportadora de energía, sino que también impulsaría el desarrollo logístico, portuario y de servicios asociados, además de generar empleo e inversiones.
En esa línea, el gobernador Alberto Weretilneck ya anticipó el objetivo estratégico de la provincia: convertir a Río Negro en un hub exportador de energía a escala regional.
El desafío, sin embargo, no es menor. El desarrollo offshore exige planificación logística compleja, infraestructura marítima adecuada y condiciones de competitividad sostenidas en el tiempo. Aun así, el contexto de alta demanda global de GNL abre una oportunidad concreta para que Argentina se inserte con mayor protagonismo en el mercado energético internacional.
De este modo, más allá del recurso gasífero, lo que está en juego es la consolidación de un nuevo polo energético en la Patagonia, con epicentro en la costa atlántica de Río Negro.
Según datos del INDEC, Río Negro se encuentra entre las provincias con la segunda menor tasa de desocupación del país. Para el gobierno provincial, esto se debe a la puesta en marcha de inversiones hidrocarburíferas y a normativas que buscan dinamizar el empleo, mayormente con mano de obra rionegrina.
Es el mismo INDEC que indica que la inflación no supera el 3% mensual, a pesar del incremento de los servicios, la suba de los combustibles y la constante fluctuación de los precios de los alimentos, que lejos de bajar, continúan en ascenso.
Sin embargo, cuando ese mismo organismo reflejó un aumento del desempleo, no hubo pronunciamientos oficiales. El silencio contrastó con la rapidez con la que se destacan los indicadores favorables. En ese contexto, el ministro Federico Sturzenegger incluso recomendó que quienes buscan trabajo se trasladen hacia las zonas donde se concentran las inversiones. Una afirmación que, para muchos, parece desconectada de la realidad cotidiana.
Que exista un 1,3% de desocupación no es motivo de celebración, sino de preocupación. No se festeja: se lamenta. Detrás de ese número hay personas que no logran acceder a un sustento básico.
El ejido de San Antonio Oeste no escapa a esta situación. Si bien comienzan a llegar inversiones vinculadas al GNL, el acceso al empleo no es universal. Muchos aspirantes quedan fuera por no superar exámenes preocupacionales, en muchos casos vinculados al consumo problemático de alcohol o drogas. Otros, por falta de capacitación o por no haber finalizado sus estudios secundarios.
En la sede de la UOCRA local, las carpetas se acumulan. Cada una representa una historia, una expectativa, una necesidad urgente. Son escritorios llenos de currículums, cada uno con la esperanza de una oportunidad.
Ese es el panorama real: expectativas depositadas en un llamado que quizás llegue, en la posibilidad de acceder a un ingreso, por mínimo que sea, que permita sostener lo básico.
Las crisis que atraviesa el país son el resultado de políticas económicas tanto pasadas como presentes, sin distinción de signos políticos. Todas han dejado consecuencias.
Las actividades productivas de la región también muestran su fragilidad. El turismo, por ejemplo, depende de variables inestables: si llega gente pero gasta poco, o si directamente disminuye la afluencia, el impacto en la economía local es inmediato.
La pesca ofrece otro ejemplo. Cuando abunda el langostino, vuelve el optimismo. Pero ante una veda necesaria para preservar el recurso, surgen las críticas. Se insiste en explotar sin medir las consecuencias futuras.
El caso de ALPAT refleja un patrón recurrente: la apertura indiscriminada de importaciones, sumada a los costos internos —como el tipo de cambio, los impuestos y el precio del gas—, dificulta la competitividad. Caen las ventas, se ajustan estructuras, se pierden empleos y se deteriora la cadena de pagos.
Sin necesidad de ser economista, el escenario es previsible: inflación persistente, recesión, aumento del desempleo formal y crecimiento de la informalidad.
Lo que se observa es un círculo que se retroalimenta: la recesión golpea a las empresas, genera despidos, impulsa la informalidad y reduce el consumo, afectando directamente los ingresos familiares. Sin cambios estructurales profundos, estos problemas no solo se mantienen, sino que tienden a agravarse.
Y mientras los indicadores intentan mostrar una realidad estadística ordenada, en la vida cotidiana la incertidumbre sigue siendo la única constante. Porque detrás de cada porcentaje hay personas, y detrás de cada número, una urgencia que no admite demoras. (en X: @caa174)
En la mañana del viernes, personal del Cuerpo de Seguridad Vial de San Antonio Oeste realizó un procedimiento sobre la Ruta Nacional 3, donde se decomisó carne ovina transportada de manera irregular.
El operativo se desarrollaba en el marco de controles vehiculares y de personas, cuando los efectivos interceptaron una camioneta que circulaba desde Valcheta hacia San Antonio Oeste.
El vehículo era conducido por un hombre, quien trasladaba en la parte trasera una bolsa con ocho animales ovinos que no contaban con marca ni sello sanitario. Además, la carga carecía de cadena de frío y tenía como destino un local comercial de la ciudad.
Ante esta situación, se labró una infracción por incumplimiento de la normativa vigente en materia de ganadería y sanidad alimentaria. Asimismo, se procedió al decomiso total de la carne para su posterior incineración.
Un fallo judicial determinó que el adjudicatario en subasta de los terrenos de la histórica pesquera no tiene legitimación para participar como parte en el proceso expropiatorio iniciado por el municipio.
La Unidad Jurisdiccional interviniente dictó otra sentencia en la causa «Municipalidad de San Antonio Oeste c/ Galme Pesquera S.A.I.C. s/ Expropiación», rechazando la pretensión del Sr. Juan Carlos Pennisi de ser reconocido como legítimo contradictor en sustitución de la empresa demandada.
El predio conocido como «Galme Pesquera», ubicado en la ciudad de San Antonio Oeste, lleva más de dos décadas en estado de abandono. A lo largo de los años acumuló múltiples denuncias por deterioro estructural que representaba un riesgo para vecinos y transeúntes. Ya en 2015, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios había recomendado el cierre del predio y su eventual demolición.
Frente a esa situación, el Concejo Deliberante local declaró el inmueble de utilidad pública mediante Ordenanza N° 5988, y posteriormente la Honorable Legislatura de la Provincia de Río Negro sancionó la Ley N° 5.746 en septiembre de 2024, formalizando la declaración de utilidad pública. Con ese sustento normativo, la Municipalidad inició la demanda judicial de expropiación en octubre de 2024.
En octubre de 2025, el Sr. Pennisi se presentó en el expediente reclamando ser reconocido como parte demandada, alegando haber adquirido los inmuebles en una subasta judicial tramitada en la quiebra de Galme Pesquera S.A. También cuestionó el monto indemnizatorio ofrecido por el municipio —poco más de $12 millones—, presentando una tasación propia que lo elevaba a $184 millones.
La Municipalidad resistió esa incorporación, argumentando que se habían omitido los procedimientos legales previstos para la intervención de terceros.
El juez Julián Fernández Eguía fundó el rechazo en tres ejes centrales:
Falta de inscripción registral. La adjudicación en subasta judicial, por sí sola, no resulta oponible a terceros si no está inscripta en el Registro de la Propiedad Inmueble. El fallo cita jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro que exige título, tradición e inscripción registral para que la transmisión de dominio tenga eficacia frente a terceros, requisito recogido también en el artículo 1893 del Código Civil y Comercial.
Naturaleza restrictiva del proceso expropiatorio. La Ley Provincial N° 1015 prevé que el sujeto pasivo en una expropiación es el titular dominial registral. Cualquier otro interesado debe reclamar sus derechos por las vías ordinarias, pero no dentro del proceso expropiatorio. El propio artículo 27 de esa ley establece que ninguna acción de terceros puede impedir la expropiación ni sus efectos.
Inacción prolongada. El magistrado destacó que habrían transcurrido más de treinta años desde la supuesta adjudicación sin que se regularizara la situación registral del inmueble, pese a que durante años existieron actos públicos —ordenanzas, publicaciones de edictos y finalmente la ley provincial— que advertían sobre el proceso expropiatorio en marcha.
La sentencia rechazó la intervención de Pennisi sin imposición de costas, dejando a salvo su derecho a reclamar por las vías ordinarias que estime corresponder. El proceso expropiatorio continúa así con Galme Pesquera S.A.I.C. como única parte demandada.
En San Antonio Oeste, el club Sportivo Ferrocarril atraviesa un fin de semana especial en materia deportiva, marcado por su debut como local en la segunda fecha del torneo de la ABVI y, fundamentalmente, por el regreso este sábado de la Primera División de básquet a las 21 horas, tras casi tres años de ausencia.
El presidente de la institución, Federico Garrida Lacazze, destacó la importancia del evento y el esfuerzo colectivo que permitió concretar este esperado retorno. “Empezamos con la segunda fecha del torneo como anfitriones. Es la primera vez en el año que jugamos de local y con la sorpresa de haber podido conformar la Primera División”, expresó.
La jornada deportiva comenzó desde temprano con la participación de las categorías formativas y la escuelita, continuando durante la tarde con los equipos U13, U15 y U17. El cierre de la actividad está previsto para las 21 horas, cuando la Primera enfrente a Jorge Newbery en el gimnasio del club.
Garrida Lacazze remarcó que la conformación del plantel superior responde a un proyecto a mediano plazo. “Es un ciclo de transición. Los chicos están en condiciones de competir, aunque el objetivo principal es consolidar el equipo y que funcione como referencia para las divisiones inferiores”, señaló. En ese sentido, valoró la presencia de exjugadores del club que regresaron para aportar experiencia y compromiso.
El dirigente también apeló al acompañamiento de la comunidad: “La gente de San Antonio siempre apoyó al básquet. Creemos que va a acercarse a ver los partidos y acompañar este proceso”.
Más allá del básquet, el club ya puso en marcha la mayoría de sus disciplinas. Este año se incorporó una categoría Sub 16 femenina de vóley que competirá en la liga local, mientras que el fútbol iniciará su temporada el próximo 28 de marzo, con actividad en todas sus divisiones, desde infantiles hasta Primera, incluyendo el fútbol femenino.
En cuanto a la situación institucional, Garrida Lacazze reconoció las dificultades económicas que atraviesan los clubes, aunque destacó el trabajo conjunto como pilar fundamental. “La realidad siempre es compleja, independientemente del contexto. Esto se sostiene con el esfuerzo de la comisión directiva, los padres y toda la comunidad que acompaña”, explicó.
En ese marco, detalló algunos de los proyectos de infraestructura en marcha, entre ellos la renovación del techo del gimnasio, una obra de gran envergadura para la que ya cuentan con entre el 70 y el 80 por ciento de los materiales. También se prevé realizar el mantenimiento del piso flotante durante el receso invernal, además de mejoras menores y la creación de un espacio recreativo para los más chicos.
Por otra parte, en el predio deportivo continúan los avances para la construcción de la cancha principal de fútbol, con trabajos en el alambrado perimetral y la instalación de postes, en un proceso que se desarrolla de manera progresiva.
Finalmente, el presidente hizo hincapié en la importancia del aporte de socios y familias para el sostenimiento de la institución. “El club no es una empresa, se mantiene gracias al compromiso de todos. Las cuotas permiten mejorar la infraestructura, sostener las actividades y reconocer, aunque sea mínimamente, el trabajo de quienes dedican su tiempo por amor al club”, concluyó.
De esta manera, el “azurro” inicia un nuevo año deportivo con múltiples desafíos, pero también con renovadas expectativas y el objetivo de seguir consolidándose como un espacio de contención y desarrollo para la comunidad de San Antonio Oeste.
Río Negro se consolida como una de las provincias con menor desocupación del país, con una tasa del 1,3%, según datos del INDEC correspondientes al cuarto trimestre de 2025. El dato ubica a la provincia en el segundo lugar a nivel nacional, muy por debajo del promedio del 7,5%. “Tenemos un rumbo definido, que da confianza para invertir y crecer”, destacó el Gobernador Alberto Weretilneck.
Este resultado refleja una dinámica sostenida, con crecimiento en sectores productivos, energéticos y de servicios, pero también pone en valor el talento de los rionegrinos y rionegrinas, que son protagonistas de este proceso. Río Negro tiene capacidad, formación y vocación de trabajo, y eso se traduce en oportunidades concretas y en estos indicadores positivos.
“Hoy Río Negro registra una desocupación del 1,3%, la segunda más baja de la Argentina. Además, el empleo privado creció un 0,7%, ubicándonos entre las únicas provincias que hoy están generando trabajo”, afirmó Weretilneck.
El Mandatario remarcó que estos resultados responden a un modelo sostenido en el tiempo: “Reglas claras, previsibilidad económica, estabilidad política y un rumbo definido que da confianza para invertir y crecer. Acá no se cambian las reglas a mitad de camino”.
En esa línea, la provincia cuenta con herramientas y leyes que priorizan el empleo rionegrino, promoviendo que el crecimiento económico se traduzca en más oportunidades para los trabajadores locales y que cada inversión tenga un impacto directo en las familias de la provincia.
“Sabemos que falta. No vamos a parar hasta que la desocupación sea cero en Río Negro”, sostuvo, y destacó el rol estratégico de la región: “Junto a la provincia hermana de Neuquén, la Norpatagonia se consolida como el lugar donde empieza a construirse la nueva Argentina. Este es el rumbo, tenemos con qué”.
El dato ratifica que Río Negro avanza en una nueva etapa productiva, donde la generación de empleo es una prioridad central, con un modelo que vincula inversión, desarrollo y oportunidades concretas para los rionegrinos.
Datos del informe nacional
El informe del INDEC muestra un escenario nacional complejo, con una desocupación del 7,5% y más de 1.600.000 de personas sin trabajo. En ese contexto, Río Negro se posiciona entre las provincias con mejores indicadores del país.
Las cinco jurisdicciones con menor desocupación son Santiago del Estero (0,6%), Río Negro (1,3%), San Luis (1,5%), Jujuy (2,2%) y Neuquén (2,3%), lo que confirma el buen desempeño de la región patagónica y del norte argentino frente a los principales centros urbanos, donde los niveles de desempleo son considerablemente más altos.
La delegada municipal del puerto de San Antonio Este, Daiana Lizama, brindó un panorama sobre la actualidad de la localidad, marcada por el cierre progresivo de la temporada turística y el inicio de las tareas de planificación para el invierno, con eje en la asistencia social y energética a los vecinos.
En ese sentido, Lizama explicó que, si bien aún se registra la presencia de visitantes, la actividad ya no alcanza los niveles de la temporada alta. “Todavía tenemos un poco de turismo, pero es menor. De todas formas, seguimos con los controles en playa y con todo lo que tiene que ver con el ordenamiento del sector”, indicó.
Paralelamente, desde la delegación municipal se comenzó a trabajar de manera anticipada en el denominado “Plan Calor”, una política clave para garantizar el acceso a recursos esenciales durante los meses más fríos. Según detalló la funcionaria, en esta etapa no se inició aún la entrega de leña, pero sí se avanza en tareas administrativas fundamentales.
“Estamos realizando un relevamiento y una reinscripción junto al área de Desarrollo Humano, a cargo de Paola Díaz, para determinar la cantidad de familias que necesitarán asistencia este invierno”, señaló. Este proceso incluye la recepción de documentación y la conformación de expedientes que permitirán planificar la distribución de recursos.
Uno de los ejes centrales es el abastecimiento de gas envasado. Lizama precisó que actualmente existen 113 familias en el puerto que dependen del sistema de garrafones o zepelines. En invierno, estos dispositivos requieren recarga cada cinco días, mientras que en verano la frecuencia se extiende a unos 60 días.
En este marco, recientemente se desarrolló una reunión informativa con la participación de la Secretaría de Energía de Río Negro, destinada a explicar a los vecinos los pasos a seguir en relación a la actualización de los equipos. “De esas 113 familias, hay unas 40 que deben renovar sus instalaciones, ya que fueron de las primeras en ser incorporadas al sistema y comienzan a vencer”, explicó.
La funcionaria destacó la alta participación en el encuentro, subrayando la importancia del acceso a la información para evitar inconvenientes durante el invierno. “La idea es anticiparnos para que la gente no tenga ninguna eventualidad en pleno frío”, afirmó.
En cuanto a la asistencia social, Lizama indicó que, si bien durante la temporada aún se percibe cierto movimiento laboral, ya se prevé un incremento en la demanda en los próximos meses. Actualmente, desde el área de Desarrollo Humano se brinda ayuda a través de módulos alimentarios y otras prestaciones, en un contexto donde “hay familias que necesitan ese acompañamiento por la falta de trabajo”.
Por otra parte, la delegada remarcó la importancia del trabajo articulado con distintas instituciones locales. En ese sentido, destacó la labor conjunta con la junta vecinal, con la cual mantienen una agenda permanente de gestiones y proyectos. “Soy una convencida de que nadie puede hacer las cosas solo, hay que trabajar en equipo para lograr objetivos comunes”, expresó.
Finalmente, Lizama adelantó que continúan impulsando iniciativas vinculadas a la mejora de la infraestructura local y el desarrollo comunitario. Entre ellas, mencionó la implementación de macrotúneles en conjunto con establecimientos educativos y proyectos ambientales junto al consejo ambiental, además del fortalecimiento de las actividades deportivas a través de las escuelas municipales.
De esta manera, en San Antonio Este la gestión local transita una etapa de transición entre el cierre de la temporada turística y la preparación para el invierno, con foco en la planificación, la asistencia y el trabajo coordinado con la comunidad.
El Juzgado Federal de Viedma dictó una sentencia clave en la causa por la remediación ambiental en San Antonio Oeste, al disponer la desvinculación del Estado Nacional respecto del pasivo ambiental existente en la localidad. La resolución, conocida en las últimas horas, establece que la Nación ya no será responsable de continuar ni finalizar las tareas de saneamiento en los sectores que aún presentan contaminación.
El fallo marca un punto de inflexión en un proceso que se inició en 2018, cuando una multisectorial integrada por vecinos —respaldada por más de mil firmas— presentó un recurso de amparo exigiendo la remediación definitiva del área afectada por residuos de la antigua fundición de plomo. Desde entonces, el expediente atravesó distintas instancias judiciales, incluyendo la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en 2024 ordenó readecuar el tratamiento del caso al considerar que no existía cosa juzgada.
La reciente sentencia no sólo tiene implicancias técnicas, sino que también reconfigura el esquema de responsabilidades públicas frente a un problema ambiental que continúa afectando a la comunidad local.
En este contexto, el próximo sábado 21 de marzo a las 12 horas se realizará un encuentro informativo en la Casa de la Cultura de Las Grutas, en el marco del Festival de Aves Playeras. Allí, el defensor oficial interviniente en la causa brindará precisiones sobre el contenido del fallo y el estado actual del proceso judicial.
Al respecto, Mirta Carbajal, integrante de la Fundación Inalafquen, destacó la importancia de la visita del funcionario judicial: “Es la primera vez que el defensor público de la justicia federal que se desempeña en Viedma va a estar en la localidad. Nos pareció fundamental que sea él quien explique el proceso y el alcance del fallo, para que toda la comunidad pueda comprender qué ha pasado y cómo se continúa”.
Carbajal recordó que la acción judicial se inició tras el retiro de la empresa TAYM, contratada por la Secretaría de Minería de la Nación, que abandonó las obras de remediación sin cumplir los objetivos previstos. “Quedó inconclusa la remediación total del pasivo ambiental generado por los residuos de la fundición de plomo. Ante esa situación, presentamos el amparo, que no fue concedido de inmediato, y a partir de allí se sucedieron apelaciones y distintas instancias judiciales”, explicó.
Otra causa por contaminación en el ámbito provincial
En paralelo, Carbajal se refirió a una causa distinta que tramita en la justicia provincial y que también involucra la problemática ambiental en San Antonio Oeste. Se trata de la extracción y traslado de material presuntamente contaminado desde una antigua cantera clausurada, utilizada por el municipio en obras públicas.
Según explicó, la situación fue denunciada ante el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro con la intervención del defensor del Ministerio Público, Ariel Alice, lo que derivó en una orden judicial para detener las tareas. “Se trataba de material que debía permanecer intocado por su contaminación con metales pesados. Además, estaba ubicado frente a establecimientos educativos, lo que implicaba un riesgo sanitario importante”, señaló.
A partir de la intervención judicial, se resolvió remover el material esparcido y restituirlo a su lugar de origen, una medida excepcional que evitó mayores demoras y exposición de la población. Posteriormente, las áreas afectadas fueron cubiertas con suelo limpio bajo supervisión técnica.
No obstante, Carbajal advirtió que persisten interrogantes sobre la responsabilidad de funcionarios públicos en estos hechos. “Se habrían vulnerado fallos judiciales y expuesto a la población a riesgos sanitarios. Sabemos que hubo presentaciones en la justicia, pero no hemos tenido novedades recientes sobre el avance de esas actuaciones”, indicó.
Finalmente, reiteró la invitación a la comunidad a participar del encuentro del sábado, donde se espera que el defensor oficial aporte claridad sobre el alcance del fallo federal y las perspectivas futuras en torno a la remediación ambiental en la región.
