El Ministerio Público Fiscal y el defensor de menores solicitaron hoy la imposición de una pena de 11 años de prisión para un hombre que había sido declarado responsable de haber abusado de una adolescente que residía en su casa en el marco de un programa de familias solidarias. El abogado del hombre pidió la pena mínima prevista de 10 años. La víctima estuvo presente de manera virtual en la audiencia.
La audiencia de cesura se realizó hoy. En primer término se escuchó la declaración de cuatro testigos, luego de ello comenzó la instancia de alegatos en la que las partes realizaron los pedidos de pena en relación al delito por el que el hombre había sido hallado culpable del 17 de diciembre pasado: abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda y la convivencia preexistente con una menor de 18 años de edad, en concurso ideal con corrupción de menores agravada.Todo ello en calidad de autor, conforme a lo previsto en los artículos 45, 54, 119 cuarto párrafo incisos b y f en función del tercer párrafo y 125 último párrafo del Código Penal. Durante su exposición, la Fiscalía sostuvo que el único atenuante a considerar es la falta de antecedentes penales de la persona imputada. En contraste, enumeró diversos elementos agravantes vinculados al contexto en el que se produjeron los hechos. Entre ellos destacó la situación de máxima vulnerabilidad de la víctima, quien desde muy pequeña se encontraba bajo cuidado de instituciones de protección del Estado y no contaba con familiares directos. En ese marco, el acusado integraba un dispositivo de familia solidaria, situación que —según expuso la acusación— implicaba un vínculo de confianza tanto con el Estado como con la propia víctima. «Este hombre abusó de esa relación de confianza y de la posición de guarda, y luego buyscó ocultar lo sucedido y garantizar su impunidad», enfatizó la acusación mencionando que habría entregado dinero a la adolescente con el objetivo de que no relatara los hechos. Además recordó que durante el juicio declararon profesionales de la psicología que destacaron que los hechos produjeron un impacto afectivo y psicológico grave en la joven, reflejados en dificultades para expresarse y establecer vínculos con sus pares. Para la acusación, la extensión del daño causado constituye un elemento central al momento de determinar la sanción, por lo que solicitó la imposición de 11 años de prisión. Por su parte, el defsnor de los derechos de niñas, niños y adolescentes acompañó el pedido de la Fiscalía y enumeró cuatro circunstancias agravantes. Señaló, en primer término, la particular situación de indefensión de la víctima, y explicó que los abusos se producían en el domicilio del acusado cuando ambos se encontraban a solas. Indicó además que la persona declarada responsable insistía en que la adolescente permaneciera en la vivienda aun cuando su pareja manifestaba una posición contraria. Mencionó además el aprovechamiento de la relación de confianza y el uso de dinero como mecanismo orientado a procurar el silencio de la adolescente víctima. En cuanto a la extensión del daño causado, especialmente considerando que se trataba de una adolescente institucionalizada desde pequeña que había logrado construir vínculos y un entorno en la localidad donde residía, puntualizó en que tuvo que abandonar incluso ese lugar para alejarse de la situación vivida. A su turno el abogado particular del hombre solicitó la aplicación del mínimo de la escala penal prevista, es decir 10 años de prisión argumentando que el hombre siempre respondió a las convocatorias del Poder Judicial. Sostuvo también que la finalidad de la pena debe orientarse a la resocialización, planteando que ese objetivo no se cumple en los establecimientos carcelarios. El tribunal interviniente indicó que la resolución final se comunicará durante la semana próxima.
