En la semana, hemos sido testigos de varios casos policiales. En la mayoría con hampones conocidos que poseen varios antecedentes delictivos. Tienen impunidad para manejarse, porque saben, conocen, que la Ley no los alcanza totalmente y obviamente, blasonan del vacío legal que les permite regresar a las calles de la ciudad, a cometer robos, violentos asaltos o venganzas. Demos ejemplo: Alberto Molina disparó contra otros en plena calle. Molina se jactaba de sus «viejos antecedentes» y además hacía pocas semanas, intentó apuñalar a su hermano. La denuncia no prosperó porque se desestimó la causa, tiempo después, terminó en una balacera con una mujer herida. De casualidad no fue una tragedia. Rocío Pazos, fue condenada junto a su hermano, por el asesinato de Santiago Ulloga. El expediente judicial 25184/11, los jueces mencionan la alta peligrosidad de la mujer. A pesar de los antecedentes, la Cámara de Apelaciones la envió a su casa con prisión domiciliaria. Su acto incendiario también podría haber sido una tragedia. Pero hubo incluso otros episodios, por ejemplo el de Alaín Nicochea acusado de presunto abuso de una niña de cinco años, fue liberado en estos días. O allanamientos donde se encuentran armas, los magistrados solo comunican imputaciones, pero los dejan libres. A pesar de actos delictuales, los malvivientes son atrapados, pero salen en pocas horas: “la puerta giratoria” judicial, le dicen en la jerga tribunalicia. Más allá de las cuestiones legales, la Policía no oculta su malestar por las reiteradas detenciones de conocidos delincuentes y la impunidad que tienen para manejarse, con rápidas liberaciones, dispuestas por los jueces de turno. Según la estadística del Instituto Libertad, una encuestadora nacional sobre casos judiciales menciona que un 60% de quienes cometen delito vuelven a delinquir. Estamos transitando un sistema garantista judicial. Las deficiencias que tiene el sistema, no sólo en el proceso de detención y de juzgamiento, sino en el acatamiento de la pena y lo que ocurre con quienes son condenados, quedan muchas veces, con prisión domiciliaria o restricción de movimiento, que no la cumplen. Mientras no implementen una política pública de ejecución de condenas, que incluya un buen sistema de control de cumplimiento, el mejoramiento de las penas alternativas, el funcionamiento de cárceles dignas y la existencia de programas de rehabilitación efectivos, “la puerta giratoria” seguirá existiendo en Río Negro, en desmedro de los ciudadanos de bien. Se necesita un Defensor del Pueblo No es desconocido que el estado local fue creciendo y adquiriendo un rol protagónico en la organización de la vida de los sanantonienses y de las otras localidades que la componen como Las Grutas y El Puerto. Por cuestiones que ya hemos expuesto en esta columna, los funcionarios comenzaron a ser cada vez menos accesibles para el ciudadano común. Entonces es necesario prever canales que garantizaran la apertura del Estado hacia sus habitantes: organismos que, con la legitimidad y recursos que aporta el mismo municipio, se ocuparan de controlarlo, y de mediar entre la administración y el pueblo, para proteger y bregar por el reconocimiento de los derechos de todos. Hay dos proyectos, uno de la UCR (Colantonio) y el otro del FPV (La Biunda). La creación del mismo está plasmada en la Carta Orgánica. Ambos proyectos son valiosos y tienen previsiones que no contradicen, en general, los principios fundamentales de esta institución a crearse, ajustándose a la norma constitucional Nacional y Provincial. Suponemos que habrá acuerdo en el Concejo Deliberante, presumimos que una de las cuestiones mas complejas va a residir en la forma de elección del Defensor del Pueblo; es evidente que, para alcanzar la mayor transparencia en la designación del titular, como dicen los proyectos, será por un concurso de antecedentes a través de los cuales se pueda verificar, en los aspirantes, la verdadera idoneidad y compromiso así como el conocimiento de la institución que conducirá. Esperemos que la ordenanza estará a la altura de la ciudadanía, como la posterior elección del representante, que será un nexo importante entre el vecino y la institución gubernamental primaria, que es el municipio. Habrá comisión La causa de «la chatarra» tendrá formada su comisión investigadora, aprobada por el Concejo Deliberante, se debe reglamentar como harán el seguimiento y el escudriñamiento, pero además, si tienen que interpelar o denunciar penalmente, que se haga, sin contemplaciones. La cuestión de las máquinas en desuso y material de rezago, como suele decirse «tiene varias fojas». Esta comisión va a dilucidar quienes son los verdaderos gestores de la desprolija licitación, como llegó incluso a falsificaciones de firmas. De una vez por todas hay que conocer el grado de responsabilidades. Es hora que el trabajo comience. Carlos Aguilar @caa174