Nada puede ser tan descriptivo sobre la ruina y el fracaso de una sociedad, como el hecho de que un chico de 16 años sea capaz de decidir, planear y ejecutar un cruento asesinato en contra de otra persona. El caso de Agustín P., el adolescente, presunto autor del homicidio de Carlos Arias, un hombre de 40 años, mecánico de una empresa, saca a la luz algunas cuestiones que prácticamente, no se habla en San Antonio Oeste y su zona de influencia: la responsabilidad de todos y del estado. Agustín P.  comenzó su andanada delictiva a los trece años, primero robando en casas, luego motos. En el año 2015 inició con un robo a mano armada en la Terminal de Río y promedió el mismo año, con el secuestro y amenaza a un taxista, lo llevaron hacia la marea y allí hicieron un simulacro de ejecución. En todos los casos, actuó promoción familiar. En los últimos casos se dijo, desde ese lugar, que deberían darle otra oportunidad, cuando muchos, decían que debería ir al menos al CAINA, seguidamente que realizó su primer golpe delictivo calificado. Pero no. Hablaban de seguimiento, de incorporarlo al grupo ECOS, de psicología y acciones tendientes a mejorar su situación familiar. Nada de eso ocurrió. Incluso, con esas acciones «de ayuda», la justicia «se lavó las manos» y el problema siguió en manos de Desarrollo Social, a pesar de los graves antecedentes delictivos. Hemos tenido oportunidad de dialogar con su madre, quien pidió ayuda tantas veces y que no podía controlar a sus hijos, que caían en la criminalidad y la droga, desde los 13 años. Lo mismo escuchamos de otra madre, la semana pasada, defendiendo a su hijo Nicolás N., acusado como presunto abusador de una menor, en el medio radial y televisivo, dio su versión, mencionando que sabe que su hijo es «solo ladrón y adicto». Tampoco cuando era adolescente se tomaron acciones del caso y el escaso seguimiento a su situación, derivó a una situación más grave. Agustin P. es un púber. Debería estar pensando en deportes, estudio, música y juegos entre amigos, paseos, vivir. ¿Qué está ocurriendo que adolescentes casi niños son capaces de cometer los crímenes más sanguinarios y atroces?. Con lo expuesto nos preguntamos ahora ¿De qué forma las autoridades tomarán acciones, preventivas y correctivas, para modificar esta grave y preocupante problemática?. ¿Por qué pasan cosas como estas? ¿Por qué algunos jóvenes de siguen convirtiéndose en asesinos, ante la indiferencia de sociedad y gobierno?. Agustín P. es un número más de la estadística nacional. Según el Ministerio de Justicia de la Nación en el 2015, más de 3 mil adolescentes purgan condenas por delitos graves. Del total de esos infractores, ocho de cada 10 tienen edades entre los 16 y 18 años. De ellos, el 14 por ciento asesinó a una o más personas; 22 por ciento intervino en algún asalto a mano armada, el 17 por ciento ocasionó daños y heridas a otra persona. El 94% utiliza algún tipo de estupefacientes. Padres de familia, autoridades, y la sociedad en general, tenemos la ineludible obligación de tratar el tema y realizar con celeridad, las acciones que haya que tomar. Dilema El pasado jueves, Weretilneck llegó a Bariloche y se enteró que, minutos antes. había aparecido el cadáver de Muñoz. ¿Un mensaje? indudablemente. La policía, en combinación con otros actores, están presionando por sobre la política. Al Ministro de Seguridad Pérez Estevan, el propio gobernador lo ratificó. La situación es grave, y la cúpula del ministerio, debería estar más activa. Pero se encuentran en una encrucijada que actualmente los supera y no saben como salir de ese entramado. Sobre Muñoz y su desaparición no especularemos, mucho se escribirá en todas las editoriales de esta fecha. San Antonio Oeste, no estuvo ajeno al cuestionamiento hacia la dirección policial. El mismo llegó por el posible traslado de un comisario. El Diario Río Negro y este medio digital informaron que Jorge Ñancufil, jefe de una dependencia de Allen, era investigado y su despecho allanado, sus celulares secuestrados por Gendarmería, al filtrar información de una investigación federal. Este comisario iba a recalar a nuestra localidad como Jefe Zonal; encendió la alarma de la política y el presidente del Concejo Deliberante Luis Esquivel, solicitó formalmente que un comisario investigado no asuma, ante el malestar que expresó la gente, por la noticia difundida. Sino fuera por los medios, y la prontitud de Esquivel, probablemente hoy Ñancufil estaría dirigiendo la zona. Recordemos en otra oportunidad (hace cinco años), llegó el comisario Roberto García, hacerse cargo de la Comisaría 29 de Las Grutas. Este medio digital denunció que García estaba judicialmente comprometido, en las denuncias de las escuchas por la trata de personas en el valle medio, involucrado en las causas que reveló la ex legisladora Ana Piccinini, en ese entonces defensora del pueblo, quien probó connivencia entre la cúpula policíal y los dueños de cabarets. García fue removido y trasladado a Roca, donde ahora fue destinado Ñancufil. También en esa oportunidad, la abogada Ana Schiavone advirtió lo del ex comisario García, por el caso de trata investigado, cuya vinculación llegaba hasta estas localidades. Justamente este semana, la abogada manifestó, a través de una nota de opinión, parte del desglose del expediente de la desaparición de Rodrigo Hredil, la familia recién se enteró hace pocos días, la cantidad de personas que lo habrían avistado al joven grutense y que la fiscalía desestimó, solo siguió pocas pistas. Por otro lado, la misma familia se informa de menciones y llamados que nunca supieron que existían y que el expediente de lo sucedido últimamente tardó hasta 23 días en llegar a Viedma. Cuanto tiempo se perdió. La justicia, el gobierno y la legislatura deben apuntalar el sistema. En este fracaso social que mencionamos, es esencialmente por el fracaso de las instituciones. Mucho tiene que ver la falta de calidad de las políticas públicas. Precisamente las instituciones del poder, largamente cuestionada estos años, condenan al inexorable desamparo, de toda la población. Carlos Aguilar @caa174