En una crisis como la actual, las medidas se deben sopesar con mucho cuidado, porque un beneficio a un sector, puede estar postergando o generando inequidades sobre otro sector de la economía que atraviesa dificultades similares o aún mayores.
Eso es lo que ocurre ahora con el dólar agro o dólar soja. Si bien es un incentivo o aliciente a los exportadores de soja, no se avanzó en una medida de carácter federal que abarcara a las distintas economías regionales que, entre otras particularidades, son mano de obra intensivas respecto a la producción de soja.
Por eso creemos que también debería establecerse un mecanismo similar que beneficie a las exportaciones frutícolas. Hay una brecha cambiaria cada vez más importante entre el dólar oficial y el dólar paralelo (que es el que marca el paso de la mayoría de los costos de los insumos), y en cierta medida también de las paritarias. Esto, en una actividad como la fruticultura, se siente en cada eslabón de la cadena de producción, desde el árbol en la chacra hasta el buque en el que se exporta.
Las economías regionales necesitan y merecen ser alcanzadas por los mismos beneficios o incentivos que se plantean por estos días para la soja. Porque vienen perdiendo sistemáticamente competitividad respecto a otros países productores, y porque son complejos productivos que generan alto valor agregado y emplean decenas de miles de trabajadores en toda su cadena productiva.
Comparto la decisión de generar un marco diferencial en el tipo de cambio a los exportadores de granos, pero es necesario que se implemente un mecanismo similar para que los productores de fruta también accedan a una liquidación diferencial que alivie su situación actual, afectada por el atraso cambiario.
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