Los concejales de bloques opositores en el Concejo Deliberante han elevado una solicitud formal al Defensor del Pueblo Municipal, Dr. Gabriel Bottari, en busca de un dictamen de opinión y una certificación de certeza sobre la Ordenanza N° 7305.
Esta normativa, aprobada el pasado 1 de noviembre, autoriza al Poder Ejecutivo Municipal a llamar a licitación o concurso público para la venta de lotes en el Parque Industrial, con el fin de financiar un Plan Integral para el tratamiento de residuos urbanos.
Según el escrito presentado, la ordenanza en cuestión permite la venta de 14 lotes, de los cuales cuatro podrían ser adquiridos mediante un sistema de pago en especie, específicamente con camiones recolectores y compactadores nuevos o usados. Los concejales opositores cuestionan la legalidad de esta modalidad de pago, ya que, de acuerdo con la Ordenanza N° 6998, Capítulo IV, Artículo 11, Inciso d), la preadjudicación de este tipo de lotes debe realizarse exclusivamente a través de licitación pública, con pagos al contado o en cuotas, pero no contempla la posibilidad de trueque con bienes.
El documento, firmado por los ediles opositores, expone que la normativa podría contradecir lo establecido en la Carta Orgánica Municipal (COM). En el Artículo 302 de la COM, se menciona que el municipio debe evitar, en la medida de lo posible, cualquier forma de dependencia cautiva con empresas proveedoras de servicios o bienes, lo que podría suceder si una empresa del rubro de gestión de residuos se adjudicara todos los lotes, estableciendo así una relación monopólica con el municipio.
Los concejales solicitan al Defensor del Pueblo que aclare si la Ordenanza N° 7305 es válida y si se ajusta a la normativa vigente, ya que consideran que su aplicación podría afectar el principio de seguridad jurídica y la certeza normativa, derechos fundamentales para los ciudadanos. También cuestionan la legitimidad de un acto administrativo que autoriza una modalidad de pago no contemplada en las regulaciones vigentes, y advierten que esta situación podría comprometer la transparencia y equidad del proceso de licitación.
En su pedido, los ediles subrayan la necesidad de emitir una certificación oficial que clarifique la correcta interpretación y el alcance de la ordenanza, para garantizar la transparencia en la gestión municipal y el respeto a los principios establecidos en la Carta Orgánica Municipal.
