Un centenar de despidos en la pesquera: controversia por los telegramas

La crisis laboral en el sector pesquero de San Antonio Oeste se agudizó con el despido de trabajadores de las empresas Olgrec Fisch y Río Salado.

Juan Ortiz, secretario adjunto del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), expresó su preocupación por la falta de respuestas de las empresas y el perjuicio que esto genera en los empleados y sus familias.

«La situación de la gente hoy de Río Salado es crítica. Además, el telegrama de despido no lo envió la empresa en la que estaban contratados, sino otra, lo que genera una controversia. Todos los trabajadores recibieron el aviso de despido, y nosotros lo rechazamos», indicó Ortiz. Según explicó, existe una discrepancia entre los despidos ejecutados por Olgrec Fisch y Río Salado, lo que ha llevado al sindicato a exigir la ratificación de estos despidos y la garantía de pago de indemnizaciones.

La incertidumbre se profundiza debido a que, hasta el momento, no se ha recibido ninguna respuesta de la empresa Olgrec Fisch. En tanto, Río Salado ha sido intimada a abonar las indemnizaciones en un plazo de 48 horas, sin que hasta ahora se haya logrado un resultado positivo.

Los telegramas de despido fueron recibidos el 24 de febrero, y rechazados por los trabajadores en los días posteriores. «Algunos compañeros demoraron en rechazar los telegramas porque estaban realizando trabajos eventuales», señaló Ortiz. Desde entonces, la empresa ha tenido plazo para resolver la situación, pero sin avances concretos.

Ante esta situación, Ortiz presentó una solicitud ante la Secretaría de Trabajo para la realización de una audiencia urgente con el objetivo de tratar varios problemas, entre ellos el pago de indemnizaciones y la situación de los empleados que aún no han sido dados de baja de la empresa. «Sin la baja formal, los trabajadores no pueden realizar trámites en ANSES para acceder al seguro de desempleo ni a otros beneficios sociales, como la ayuda escolar y las asignaciones familiares», explicó.

El sindicato también ha intentado establecer diálogo con Franco Massari, empresario responsable de Río Salado, sin éxito. «No he tenido contacto con él, ni tampoco se presentó en la última audiencia solicitada. Solíamos comunicarnos con Francisco Ramos, gerente de la empresa, pero él renunció y se fue», indicó Ortiz. Sin un interlocutor claro, las gestiones se tornan más complejas y los trabajadores siguen sin una solución.

Además, Ortiz destacó que la empresa ha hecho declaraciones juradas incorrectas sobre la situación de los empleados ante la AFIP. «La única manera de resolver esto es que el empresario haga una rectificativa del formulario 931», señaló.

En cuanto a la posibilidad de continuidad laboral en la planta, Ortiz afirmó que la empresa había solicitado un crédito a la provincia para pagar vacaciones y aguinaldos, pero la operación no prosperó por falta de garantías. «Después de eso, la empresa dijo que si no conseguía el crédito, no seguiría operando», detalló.

Frente a este panorama, los trabajadores han pedido asistencia económica a la provincia y ayuda alimentaria. «La ayuda llega, pero no alcanza. La necesidad es grande y lo que más preocupa es la falta de alternativas para reactivar la planta y garantizar las fuentes de trabajo», agregó Ortiz.

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