El pasado 10 de marzo hubo audiencia en la Cámara Civil de Viedma por el juicio de las tierras del puerto del este. La audiencia contó con la participación de los reclamantes que ejercen la posesión centenaria del lugar –Los Velázquez- sus abogados, el apoderado del Municipio Néstor Torres y la sorpresiva presencia del presidente del concejo deliberante local Luis Esquivel.
La presidenta de la cámara Dra. María Lujan Ignaci explicó a las partes que “esta es la última audiencia” y que “el expediente se encuentra en estado de dictar sentencia”.
Se mencionó la existencia de dos medidas judiciales que impiden al Municipio ejercer ninguna acción sobre tales tierras (recordemos que el año pasado el municipio anunció en conferencia de prensa que Punta Perdices sería un parque público, pero los abogados de la familia recurrieron a la justicia y lograron una medida de no innovar dejando el tema solo en anuncios) y de allí en más en términos directos y por momentos duros, instó al representante del deliberante a efectuar una propuesta de conciliación para arribar a un acuerdo que permita el HCD ejercer las funciones para las que fue elegido.
Le recordó que otros casos de similar envergadura en Bariloche fueron acordados en base al dialogo. Recordó asimismo que otros no y por eso una sentencia podría terminar disponiendo del patrimonio municipal con grave costo para los ciudadanos.
Esquivel presentó en ese acto un dictamen de comisión con fecha de dos días antes de la audiencia en el que se rechazaba un acuerdo.
Dicho dictamen contaba curiosamente con la firma y la negativa del ahora concejal Clemant -ex apoderado de una de las hermanas Velázquez. La cámara dejó traslucir incomodidad al notar lo reciente del dictamen y el tiempo que había transcurrido desde la anterior audiencia.
Allí mismo le recordó a Esquivel que él mismo había reconocido momentos antes en la audiencia, -tal como lo hizo el ejecutivo en otras manifestaciones- la posesión de la familia por lo que les solicitaba un esfuerzo mayor y activo para evitar un pleito caro y la desnaturalización de las funciones del cuerpo legislativo.
Asimismo, se dejó en claro que la posesión es un hecho que ya está probado en el expediente judicial y que no es posible volver sobre ese particular.
En esas circunstancias Esquivel manifestó que estarían dispuestos a conversar con la familia Velázquez y arribar a una solución.
Los abogados de la familia, por su parte, consideraron que era ya tiempo de dictar sentencia pero manifestaron también estar de acuerdo en exponer el estado del expediente sin que se use el caso para fines políticos ni para campaña de ningún funcionario “porque fulano quiere el cargo de mengano, ni a mengano no le gusten cómo hace las cosas sultano”.
Bregaron por una reunión seria donde se aborden las consecuencias que una sentencia adversa podría traer a cualquiera de las partes y se avance en el sentido correcto. (Fuente APP)
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