Río Negro tiene un presupuesto 2022 que refleja una clara recuperación de las finanzas públicas luego de la doble crisis que tuvimos que atravesar tanto en el 2020 como en buena parte del año pasado: La económica y la sanitaria.
De todos modos, en el rubro gastos, se autorizó una suba del 50% en relación a lo ejecutado a lo largo de este 2021. Esto, en un marco de endeudamiento acotado. En obra pública, por ejemplo, se plasmó un importante aumento en los montos respecto al ejercicio anterior, con la meta de colaborar con la reactivación económica, la generación de empleo y mejorar la infraestructura provincial.
Estamos afrontando aún los efectos de una abrupta caída de los ingresos y un enorme gasto para atender las demandas del sector sanitario a raíz de la pandemia de Covid-19.
Lo cierto es que el déficit provincial se redujo casi a la mitad si tenemos en cuenta el resultado del año 2020, y dentro del volumen del presupuesto, es manejable sin sobresaltos. Intentar cualquier reducción abrupta, hubiera implicado un gran ajuste o un impuestazo.
Se aprobó la Ley Tributaria provincial para el año próximo, que contempla topes que limitan los incrementos.
Ningún aumento en el Impuesto Inmobiliario podrá ser superior al 35% respecto del impuesto del 2021, siempre que el inmueble no haya sufrido mejoras o cambios.
Para los automotores, el tope impide aumentos superiores al 40% respecto al presente año.
Además, se establecen exenciones impositivas para jubilados, retirados y todo mayor de 65 años con ingresos que no superen dos jubilaciones mínimas.
En el impuesto inmobiliario, además de la bonificación del 40% por pago adelantado, se aprobó una bonificación del 55% para alojamientos, establecimientos radicados en parques industriales y para unidades productivas. En el caso de automotores, la bonificación también será del 55% para los vehículos de transporte, ya sea de personas o de cargas, dando especial contemplación a los vehículos afectados a actividades económicas.
Creo importante destacar además que se incrementó del 5 al 7% la alícuota de ingresos brutos para las entidades bancarias.
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