En el nuevo reparto de la coparticipación habrá, inevitablemente, ganadores y perdedores. Los índices que están por oficializarse marcarán conformidad en algunos despachos municipales y resignación —cuando no abierta resistencia— en otros. La discusión no es menor: se trata de recursos corrientes que sostienen el funcionamiento cotidiano de los gobiernos locales y que, en muchos casos, determinan la posibilidad misma de ejecutar políticas públicas.
Entre quienes difícilmente acepten una merma se encuentra el intendente de San Antonio Oeste, Adrián Casadei. La estimación preliminar indica que el municipio podría resignar alrededor de un 6% de los ingresos que hoy percibe por coparticipación. Traducido a números concretos, el impacto rondaría los 60 millones de pesos mensuales, es decir, cerca de 700 millones anuales. Para una administración local, ese recorte no es un ajuste técnico: es una redefinición forzada de prioridades.
En la mesa de diálogo se expusieron los criterios que hoy definen la distribución. La fórmula combina datos poblacionales del censo de 1991 con parámetros de recaudación de hace más de dos décadas. El Gobierno provincial propuso actualizarlos en función del Censo 2022. El resultado de esa simulación es elocuente: 25 municipios resignarían fondos, dos quedarían en la misma situación y 12 recibirían una porción mayor de recursos.
El planteo oficial parte de un principio atendible: actualizar variables desfasadas. Sin embargo, el problema radica en la calidad y la percepción de legitimidad de los datos que se incorporan. Casadei sostuvo que San Antonio Oeste no puede perder lo que actualmente cobra y puso el foco en el eje central de la discusión: la consistencia del censo. En paralelo, el municipio inició un estudio propio basado en el padrón electoral, la matrícula escolar, las estadísticas hospitalarias y los consumos energéticos, entre otros indicadores indirectos de población real.
La crítica no es aislada. Varios intendentes cuestionaron que el último relevamiento censal no refleja con precisión la dinámica demográfica de sus comunas. El caso de Las Grutas es ilustrativo: el padrón electoral supera los cinco mil votantes y el censo arrojó una cifra similar de residentes permanentes. La comparación expone, al menos, una tensión entre registros administrativos y datos censales que debería ser despejada antes de redefinir transferencias estructurales.
El intendente sanantoniense insiste en que el ejido merece percibir más recursos, incluso cuando el crecimiento poblacional reconocido oficialmente rondaría las diez mil personas. Pero más allá de la discusión puntual, el punto neurálgico es político: acordar un mecanismo que garantice que ningún municipio reciba menos fondos nominales que en la actualidad. Ese podría ser el piso de consenso para evitar que la actualización técnica derive en un conflicto institucional.
La coparticipación no es solo una fórmula matemática; es una herramienta de equilibrio para las arcas comunales.
Un corredor energético en la costa atlántica
Mientras se discute cómo repartir los recursos actuales, la provincia proyecta una transformación económica de largo plazo. Esta semana fuimos testigos de un paso decisivo: la definición del puerto de salida para la producción no convencional empieza a tomar forma sobre la costa atlántica rionegrina. El proyecto Argentina LNG, impulsado por YPF junto a socios internacionales, prevé una capacidad inicial de 12 millones de toneladas anuales mediante dos unidades flotantes de licuefacción. La meta es alcanzar la Decisión Final de Inversión (FID) en el segundo semestre de 2026.
La administración provincial busca que la instalación del puerto exportador en el Golfo San Matías no se limite a la operatoria logística. La apuesta es que actúe como tractor de encadenamientos productivos, empleo local y obras de infraestructura complementarias. No se trata solo de un muelle y barcos metaneros: se trata de redefinir la matriz económica de la región.
El esquema energético proyectado no se agota en el GNL. A la iniciativa se suma el oleoducto VMOS, que conectará Añelo con Punta Colorada para exportar crudo, junto con la ampliación prevista en Duplicar Norte. También aparecen propuestas de licuefacción en la zona de Fuerte Argentino, como la impulsada por el consorcio Southern Energy (SESA). El litoral rionegrino comienza a delinearse como un nodo estratégico de salida para la producción de Vaca Muerta.
El gobernador Alberto Weretilneck lo sintetizó con una frase que excede la coyuntura: “No estamos hablando únicamente de obras, sino de una nueva economía, con proyectos a 20, 30 o 40 años que implican que nada va a ser lo que es hoy”. La afirmación no parece exagerada. Si los proyectos se concretan, la escala de inversión y el impacto en empleo, servicios y urbanización modificarán de manera sustantiva la fisonomía de la costa atlántica.
Aquí surge una pregunta inevitable: ¿cómo se articula la discusión por la coparticipación con esta proyección de crecimiento exponencial? Resulta paradójico debatir la redistribución de recursos escasos en simultáneo con el anuncio de inversiones que prometen ampliar la base económica provincial. La clave será que la renta futura —si efectivamente se materializa— fortalezca la autonomía financiera de los municipios y no profundice dependencias.
A partir del último trimestre de 2026, la costa atlántica rionegrina podría empezar a mostrar señales concretas de transformación. Pero ese horizonte de expansión no elimina la necesidad de reglas claras y consensuadas en el presente. La discusión por la coparticipación y el diseño del corredor energético son, en definitiva, dos caras de un mismo desafío: cómo distribuir con justicia lo que hoy se tiene y cómo prepararse para administrar con inteligencia lo que podría venir. (en X: @caa174)
