La empresa Alcalis de la Patagonia (Alpat), que opera la planta de carbonato de sodio en San Antonio Oeste, atraviesa una profunda crisis económico-financiera y ha solicitado asistencia a la provincia de Río Negro para poder sostener su producción y garantizar la estabilidad laboral de casi 500 trabajadores.
En respuesta, el gobierno provincial evalúa la posibilidad de realizar un aporte económico mensual, mientras que la empresa avanza con un plan de reducción de personal mediante retiros voluntarios.
La crítica situación de Alpat llevó a la compañía a formalizar un pedido de ayuda de más de 600.000 dólares mensuales durante el período mayo-septiembre, lo que representaría un total superior a los 3 millones de dólares, equivalentes a unos 3.300 millones de pesos. Esta solicitud fue presentada ante la Secretaría de Trabajo de Río Negro, en el marco de una audiencia encabezada por la secretaria Martha Avilez, que reunió a representantes de la empresa, delegados sindicales y autoridades provinciales.
En esa instancia, la secretaria Avilez no confirmó la entrega inmediata de fondos, pero solicitó información detallada a la empresa y advirtió que cualquier aporte estatal implicará la instalación de veedores provinciales y la implementación de un programa de financiamiento para garantizar transparencia y eficacia en el uso de los recursos públicos.
Simultáneamente, Alpat puso en marcha un plan de retiro voluntario para readecuar su planta de personal, con el objetivo de reducir al menos 80 puestos de trabajo, incluso si se concreta la ayuda gubernamental. Según trascendió, cerca de 30 trabajadores ya se habrían inscripto en este plan, que contempla indemnizaciones superiores a las establecidas por la legislación laboral vigente, de acuerdo a fuentes sindicales.
Desde el gremio de los químicos (SPIQYP), que representa al 80% de los empleados de la planta, se respaldó el pedido de asistencia y se reconoció que la producción resulta inviable sin una intervención urgente del Estado. El secretario general, Ariel Castillo, calificó de “positiva” la reunión con las autoridades provinciales y se mostró optimista respecto a un posible acuerdo en el próximo encuentro, previsto para el 19 de mayo en San Antonio Oeste.
Castillo señaló que se abre un “panorama óptimo” para llegar a un entendimiento que contemple, además del aporte económico, un programa para la normalización del pago de salarios, ya que actualmente Alpat está abonando los haberes en cuotas. A través de un comunicado, el sindicato advirtió que la crisis de la empresa pone en riesgo a más de 1.000 empleos, entre directos e indirectos, y representa una amenaza para la economía regional.
El gremio denunció que el “incremento desmedido del precio del gas natural”, que representa más del 46% de los costos de producción, ha agravado el escenario financiero de la compañía. Asimismo, advirtió sobre las consecuencias sociales que acarrearía una eventual paralización de la planta, señalando que ello podría afectar gravemente la paz social en la región.
En la audiencia también participaron representantes de otros sindicatos vinculados a la actividad, como UOSA (salineros) y AOMA (canteras), quienes respaldaron el reclamo conjunto por la preservación de los puestos de trabajo.
La continuidad del diálogo entre las partes se reanudará el próximo 19 de mayo en una nueva audiencia que tendrá lugar en San Antonio Oeste, donde el gobierno provincial deberá definir si otorgará la asistencia solicitada y en qué condiciones. Mientras tanto, el gremio de los químicos mantiene el estado de alerta y exige respuestas inmediatas por parte de los gobiernos provincial y nacional.
