En el marco de una serie de reuniones entre vecinos proteccionistas y autoridades municipales, surgió una fuerte preocupación por el uso de los fondos provenientes de la tasa de zoonosis.
Gabriela Latorre, referente del proteccionismo local, expuso duras críticas tras una reunión mantenida con funcionarias del área de Hacienda, Gobierno y la delegación grutense, donde se intentaron aclarar discrepancias contables sobre los ingresos y egresos destinados a la política de castración y control poblacional de animales.
Según detalló Latorre, durante el encuentro se analizaron las diferencias entre lo recaudado por la tasa específica y lo efectivamente ejecutado. “Nos quedó una diferencia de más de 100 millones de pesos entre ingresos y gastos. Hoy nos dicen que esa plata se usa para pagar sueldos de los nueve empleados del área, cuando la ordenanza habla de gastos generales, pero no menciona específicamente sueldos”, señaló.
La vecina explicó que el artículo 1° de la ordenanza 4240/06 fue modificado en 2022 por el Concejo Deliberante, aparentemente de manera unánime, y que esa reforma habilitaría el uso más amplio de los fondos. Sin embargo, cuestionó la falta de difusión y transparencia sobre este cambio: “Esto no se discutió con la comunidad y muchos concejales ni siquiera conocen en profundidad la problemática de zoonosis. No están en tema”.
Latorre mostró también su inquietud por la falta de planificación y por un supuesto desvío de los recursos. “La tasa de zoonosis nació con un fin específico: garantizar las castraciones. Hoy nos encontramos con que casi todo se destina al pago de salarios y no hay fondos para honorarios veterinarios, insumos, medicamentos ni combustible”, afirmó.
En números, según datos recientes, el área de zoonosis registró un ingreso de 89 millones de pesos en lo que va de 2024, mientras que los gastos ascendieron a 194 millones, de los cuales 146 millones fueron destinados exclusivamente a sueldos. “Esto da negativo sí o sí, y explica por qué no hay casi castraciones ni operativos activos”, subrayó.
Durante la reunión, los vecinos también plantearon una serie de propuestas para reactivar el funcionamiento del área: recuperar al menos 100 castraciones mensuales en Las Grutas, garantizar la presencia permanente de un veterinario para emergencias, disponer de vehículos asignados tanto en Las Grutas como en San Antonio Oeste, y reforzar la educación comunitaria sobre el cuidado y la responsabilidad con los animales.
“Queremos un área que funcione, no que sea un kiosco para pagar sueldos”, manifestó con dureza Latorre, al tiempo que señaló la falta de voluntad política y desconocimiento del tema por parte de quienes deberían tomar decisiones. “Si no se va a cumplir con el objetivo de la tasa, que dejen de cobrarla”, remató.
Finalmente, anticipó que a raíz del malestar generado tras esta última reunión, solicitarán un nuevo encuentro con representantes del Ejecutivo para exigir claridad y definición en el uso de los recursos públicos. “No puede seguir funcionando un área sin plan ni control. La situación es preocupante y necesitamos respuestas urgentes”, concluyó.
