En medio de un proceso electoral en el que predominan los simulacros y el teatro político combina comedia y tragedia, el informe de este viernes del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) se erige como un baño de realidad que saca a la luz la cruda situación que enfrenta el país. Mientras los discursos políticos se mantienen en la ficción, este informe pone de manifiesto una realidad alarmante que no puede ser ignorada.
Uno de los datos más sobrecogedores que presenta el informe es que seis de cada diez menores de 17 años no pueden acceder a niveles adecuados de alimentación, salud y educación. Estos niños y niñas viven en hogares con un nivel de necesidades básicas insatisfechas que debería preocupar profundamente a toda la sociedad. Sin embargo, esta no es una noticia nueva; llevamos más de cuatro décadas recibiendo informes oficiales que advierten sobre esta problemática.
La declinación social de Argentina se remonta a mediados de los años ’70, cuando la pobreza y el deterioro laboral comenzaron a crecer de manera exponencial. Pero ni los golpes militares, ni el neoliberalismo, ni el populismo, argumentos recurrentes en la política argentina, logran explicar completamente esta situación. La comparación con otros países de América Latina, que también han enfrentado golpes de Estado, experiencias neoliberales y liderazgos populistas, revela la gravedad de la situación en Argentina.
En 1975, el país tenía un 5% de pobreza; en 2023, ese porcentaje se ha disparado al 40%. La calidad educativa también se ha derrumbado a niveles inimaginables para un sistema que en su momento fue un faro de política social inclusiva e igualitaria. La consultora IDESA señala que el 70% de los niños pobres tienen un bajo desempeño en lengua y matemática, lo que significa que el 35% de los niños en Argentina son pobres y carecen de habilidades básicas en estas materias.
La situación es aún más alarmante cuando se observa la falta de acceso a derechos básicos, como la educación, la protección social, la vivienda adecuada, el agua potable y un ambiente seguro, especialmente en los barrios populares. Esta realidad nos interpela a todos, desde la política hasta las instituciones educativas, y nos exige respuestas concretas.
Sin embargo, en Argentina, la discusión sobre planes educativos y estrategias para mejorar la calidad de la enseñanza e inclusión parece estar ausente. La falta de una visión a largo plazo, metas realistas y plazos concretos es evidente. Repetir fórmulas fracasadas, ideologizar el discurso y buscar culpables no conducirán a una mejora significativa. Los más vulnerables serán quienes paguen el precio más alto por esta inacción.
Desde 2011, el Estado nacional ha duplicado el gasto público en relación al Producto Bruto Interno, pero el poder adquisitivo de los salarios ha disminuido al mismo ritmo. Los planes sociales se han cuadruplicado desde 2007, con aproximadamente el 52% de la población recibiendo algún tipo de prestación. La pobreza ya no es una emergencia, se ha convertido en un problema estructural que requiere atención inmediata.
El financiamiento de estos planes sociales a través de la emisión de billetes o deuda ha llevado al Estado a gastar más en intereses que en el mismo gasto social, mientras la inflación galopa descontroladamente, afectando principalmente a los trabajadores informales. Además, la tercerización del presupuesto asistencial en «organizaciones sociales» politizadas ha creado una falta de transparencia y responsabilidad en la administración de los fondos públicos.
La clase media también sufre la caída de ingresos, y muchas familias recurren a la asistencia alimentaria en comedores. El empleo, aunque ha aumentado, se caracteriza por la prevalencia de trabajadores informales y cuentapropistas, con pérdidas significativas en los salarios reales.
La pobreza y la crisis educativa son los problemas más urgentes que enfrenta Argentina, y las estadísticas son un reflejo claro de ello. Es hora de que aquellos que tienen el poder de decisión aborden estas cuestiones con la seriedad y la visión a largo plazo que se requieren. El futuro de la nación depende de ello, y no podemos permitirnos seguir en el pantano de la inacción mientras los más vulnerables continúan sufriendo las consecuencias. (Carlos Aguilar, editor)
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