El legislador de San Antonio Oeste, Fernando Frugoni, defendió con firmeza el proyecto de ley de su autoría que fue aprobado en primera vuelta en la Legislatura de Río Negro y que establece que toda persona que, bajo los efectos del alcohol o las drogas, provoque un siniestro vial deberá reintegrar al Estado provincial los gastos ocasionados por la intervención de los servicios públicos.

La iniciativa, presentada originalmente en 2024, tuvo un extenso y complejo recorrido legislativo, que Frugoni detalló para refutar las críticas de sectores que sostuvieron que el proyecto “llegó de un día para el otro” al recinto. Según explicó, la propuesta ingresó a comisión a mediados de 2025 y fue objeto de múltiples postergaciones a pedido de distintos legisladores que solicitaron tiempo para realizar observaciones e incorporaciones.

“Es un proyecto que estuvo mucho tiempo en comisión. En la primera oportunidad hubo observaciones, se pidió dejarlo en comisión para incorporar aportes y así se hizo. Luego volvió a comisión en más de una ocasión porque distintos legisladores dijeron que querían sumar modificaciones, pero la realidad es que nadie terminó incorporando nada”, explicó el parlamentario.

Frugoni señaló que incluso accedió a nuevos pedidos de demora, como el del legislador Lucas Pica, quien solicitó tiempo para realizar consultas con la Fiscalía de Estado. Finalmente, el proyecto fue incluido en el temario de una sesión extraordinaria, convocada por el gobernador de la provincia, instancia en la que se dio el debate en el recinto.

Durante esa sesión, el legislador denunció que bloques opositores —kirchneristas, libertarios, sectores del PRO y otros espacios— abandonaron el recinto con la intención de dejar sin quórum a la Cámara. Sin embargo, la sesión pudo continuar gracias a la presencia del bloque Juntos Somos Río Negro, la Unión Cívica Radical y el legislador Pedro Dantas, aunque aclaró que la UCR finalmente votó en contra de la iniciativa.

Pese a ese escenario, el proyecto logró ser aprobado en primera vuelta. “Lo más importante es que se aprobó una ley que apunta a que quien provoque un siniestro vial bajo los efectos del alcohol o las drogas tenga que devolverle al Estado todo lo que el Estado gastó”, remarcó Frugoni.

Qué establece el proyecto

La norma dispone que el responsable del siniestro deberá hacerse cargo de todos los costos derivados de la intervención estatal: atención médica, medicamentos, insumos hospitalarios, horas extras de médicos y enfermeros, operativos policiales, tareas de bomberos, combustible, traslados de ambulancias y patrulleros, entre otros gastos.

“El Estado no puede seguir absorbiendo el costo de la inconsciencia de alguien que se sube a un vehículo borracho o drogado. Eso no lo tienen que pagar todos los ciudadanos, lo tiene que pagar el que provocó el desastre”, sostuvo.

El proyecto contempla que el pago pueda ser afrontado por la aseguradora, la obra social o, en su defecto, por el propio involucrado. Además, incorpora un mecanismo clave: la emisión de un certificado ejecutivo por parte de la autoridad de aplicación, que será remitido a la Fiscalía de Estado, la cual quedará habilitada para iniciar acciones judiciales de cobro.

Esta incorporación fue realizada a partir de un aporte del legislador Pica y, según Frugoni, despeja cualquier duda sobre la viabilidad legal del recupero de los fondos.

Respuesta a las críticas

El legislador rechazó de plano los cuestionamientos que calificaron al proyecto como “discriminatorio”, “estigmatizante” o “recaudatorio”. “Decir que esto es discriminatorio es una ridiculez absoluta. No se trata de castigar por castigar ni de recaudar, se trata de que el Estado recupere lo que gastó por la acción de un irresponsable”, enfatizó.

También negó que exista una doble imputación o superposición con el Código Civil. “Me dijeron que ya se podía cobrar por vía civil. Pedí que me mostraran un solo caso en el que la provincia haya recuperado esos gastos por esa vía. No pudieron mostrar ninguno. Esto no es una doble imposición, son cosas totalmente paralelas”, aclaró.

Casos emblemáticos y ejemplos locales

Para graficar la necesidad de la ley, Frugoni recordó casos emblemáticos ocurridos en Río Negro: un hecho en Viedma protagonizado por una mujer alcoholizada que causó la muerte de dos personas; un siniestro en la autovía Chichinales–Cervantes, donde un conductor que circulaba a 170 km/h, alcoholizado, drogado y usando el celular, destruyó una familia; y tragedias ocurridas en Bariloche y la Ruta 2.

Asimismo, puso ejemplos concretos de la región: “Un accidente cerca de la rotonda al puerto implica que los bomberos recorran más kilómetros con camiones y unidades rápidas. A eso se suman ambulancias, patrulleros, personal médico y policial. Todo eso consume recursos, combustible y tiempo. Alguien tiene que pagar eso”.

Un mensaje preventivo

Frugoni subrayó que la ley también busca generar conciencia social y desalentar conductas peligrosas al volante. “El alcohol y las drogas alteran completamente la capacidad de conducir. Lo vemos en los controles de alcoholemia, donde hay personas que ni siquiera pueden articular una frase. Ese nivel de inconsciencia es el que queremos erradicar”, afirmó.

En ese sentido, respaldó el trabajo de organizaciones como Estrellas Amarillas, Luchemos por la Vida y fundaciones de familiares de víctimas de siniestros viales, que acompañaron la iniciativa. “El alcohol al volante mata. No es un eslogan, es una realidad”, enfatizó.

Próximos pasos

El legislador se mostró confiado en que el proyecto será aprobado en segunda vuelta y se convertirá en ley. “Este proyecto le interesó particularmente al gobernador, por eso fue incluido en las extraordinarias. Espero que se cumpla, que se aplique con firmeza y que también se avancen en penas más duras para los asesinos al volante”, concluyó.

La iniciativa se enmarca en un debate más amplio sobre el endurecimiento de sanciones y responsabilidades frente a los siniestros viales, en un contexto donde las estadísticas de víctimas fatales siguen generando preocupación en la provincia y el país.