La pesca es el octavo complejo exportador de la Argentina. Sin embargo, San Antonio Oeste se encuentra actualmente en el último lugar entre las fuentes exportadoras del país, atravesando una situación que no logra revertirse.
Circula la posibilidad de que la ex empresa Río Salado recupere su inversión con nuevos actores, quienes deberían reactivar una planta que ha sido vandalizada en los últimos meses. La reestructuración demandará una importante suma de dinero, tal como lo explicó el ex legislador Edgardo Corvalán, referente visible de este grupo, quien mantuvo reuniones con funcionarios provinciales y municipales.
La ex Río Salado incorporaría trabajadores, pero bajo la modalidad cooperativa. No existiría la posibilidad de empleo en relación de dependencia como ocurría en otros tiempos, cuando regía un convenio colectivo. Cabe mencionar que, en Río Negro, la normativa prohíbe la presencia de cooperativas dentro de empresas privadas, aunque dicha prohibición rara vez se cumple.
Hoy, la mayor parte de las industrias pesqueras funcionan bajo un esquema de precariedad laboral que obliga al asociado a percibir ingresos solo cuando hay producción, y a esperar —muchas veces sin alternativas— cuando el recurso escasea o cuando la actividad se desplaza hacia otros puertos.
En breve finalizará la emergencia pesquera, pero el engranaje de la pesca rionegrina se encuentra en su mínima expresión: escaso langostino, pocos barcos dedicados a la merluza y un golfo prácticamente cerrado a la actividad debido al agotamiento del recurso tras años de explotación desordenada.
Los responsables políticos, sindicales y empresariales que permitieron llegar a esta situación siguen siendo, en muchos casos, los mismos protagonistas. A inicios de 2023 se registró el nivel de producción más bajo del que se tenga registro, por ello surgió la empergencia. Actualmente solo 16 pesqueros operan en el muelle “Heleno Arcángel”, pero solo cinco salen a la pesca, una cifra inferior a la de las mejores épocas dónde inclusive existían cinco indutrias activas.
La coyuntura dejó a decenas de personas sin empleo. Algunas emigraron, otras debieron dedicarse a distintos rubros o reinventarse, y un número significativo cayó en el desempleo y en situaciones de vulnerabilidad social.
Este escenario fue uno de los factores que incidió en la derrota del partido gobernante a nivel nacional en la localidad sanantoniense. La actividad primaria de la pesca no fue considerada en profundidad, más allá de algunos esfuerzos del gobierno provincial por reactivar el sector mediante la obtención de cuotas sociales en el Consejo Federal Pesquero.
La retracción de la pesca impactó de manera directa en la economía de San Antonio: el comercio se resintió, el municipio vio caer su recaudación y la actividad general se desaceleró. Más de 800 trabajadores directos y cerca de 600 familias: unas 2.400 personas (según el último censo, casi el 20% de la población) vivían del recurso pesquero. Hoy ese porcentaje no supera el 3%.
Todo lo expuesto evidencia la falta histórica de políticas de desarrollo pesquero en Río Negro. Nunca existieron lineamientos sólidos: se dictó una ley que luego fue eludida mediante resoluciones avaladas por las propias autoridades de turno. Solo algunas voces anticiparon el desenlace que hoy se observa con crudeza.
Si existe una posible reactivación, será a muy largo plazo.




