En la tarde de ayer, aproximadamente a las 18,30 horas, debió concurrir la ambulancia para asistir a una adolescente que quedó internada en el hospital Aníbal Serra. La causa trata de establecer la policía.
La situación se repite como en septiembre del año pasado cuando también ocurrió algo parecido con un hombre que quiso arrojarse desde la torre del tanque, en esta oportunidad la jovencita solo sufrió algunas lesiones.
Los vecinos del barrio Unión reclaman por este predio que se encuentra con acceso a cualquier persona, incluso en ese sitio cada tanto organizan un evento de paintball (dispararse con pintura) como una especie de escenario de combate sin control ni permiso.
Según el ejecutivo municipal el edificio aún continúa en manos de la justicia y que la quiebra de la empresa propietaria del predio aparentemente tiene un síndico.
En junio del 2017, una resolución del Concejo Deliberante donde nadie reclamó el predio luego de las publicaciones por edictos, en la misma nota del legislativo comunal expresaba Se encuentran los plazos vencidos y no se han presentado los posibles beneficiarios reclamando la posesión del citado inmueble, ante el peligro inminente, se hace necesario realizar acciones preventivas en tiempo y forma, según lo indique el Código de Ordenamiento Territorial. El Poder Ejecutivo Municipal tiene que tomar una determinación y proceder a la disponibilidad del edificio aludido, de acuerdo con el Artículo 135 de la Carta Orgánica Municipal, el Poder Ejecutivo Municipal está facultado para “acceder a la propiedad de bienes mostrencos o abandonados en el ejido municipal”, sustentado en el dominio eminente.
Recordemos que hace un año exactamente, un joven de 18 años, Lucas Gabriel Otero, muere al caer de un segundo piso y esto también indignó a la comunidad que no haya un cerramiento en el lugar a pesar de los informes de bomberos y policía que presentó la Junta Vecinal del Barrio Unión.
Existe una ordenanza del ex concejal Pablo Fernández para declarar el sitio de utilidad pública. En su momento Luis Esquivel había señalado que “Nadie puede reclamar hoy el edificio, ya que el inmueble, la titularidad, en el registro de la propiedad, pertenece a la empresa quebrada hace treinta años”.
El edificio continúa siendo lugar de refugio para malvivientes, sitio de juegos para niños y adolescentes y un peligro edilicio para los vecinos, con riesgo de derrumbe.