Con el objetivo de cuidar el empleo genuino y fiscalizar las condiciones laborales de los trabajadores en la temporada de verano, la Secretaría de Trabajo implementó operativos de inspección que superaron en un 37,60% los realizados el año pasado.
El aumento en la cantidad de inspecciones, en materia laboral y de seguridad e higiene, responde al impulso que el Gobierno de Río Negro le otorgó a las acciones de fiscalización, en conjunto con cámaras empresarias y gremios.
Los operativos fueron intensivos en el transcurso de enero en Las Grutas, Bariloche, El Bolsón, Playas Doradas, Puerto de San Antonio Este y San Antonio Oeste, los principales centros turísticos de la Provincia.
Trabajo realizó un total de 1365 inspecciones, de las cuales 689 fueron laborales y 676 en materia de seguridad e higiene. Los números superan los registrados en 2019, cuando se realizaron 992 (466 y 526, respectivamente).
Gastronomía y Comercio fueron los rubros que mayor énfasis tuvieron para el mejoramiento de la empleabilidad y, de este modo, apuntar a la constatación de trabajo genuino y de calidad en los centros turísticos.
Además se fiscalizaron diversos rubros, tales como panadería, distribuidoras, estaciones de servicio, supermercados mayoristas, farmacias, alimentación, pesca, madera, sanidad y transporte.
Como resultado del operativo, se relevaron 3.170 trabajadores y trabajadoras en 689 empresas y/o establecimientos fiscalizados.
Además, desde Trabajo se remarcó que el relevamiento del personal aumentó en virtud de que el esquema inspectivo aborda y registra distintos aspectos de manera integral. Por una parte, lo laboral (registración, alta en ART, cargas sociales, inscripción y registración en documentación requerida al empleador, etc.); como así también, en materia de seguridad e higiene, donde se verifican los riesgos, indumentaria, elementos de trabajo y condiciones medioambientales adecuadas, entre otras variables que hacen a la seguridad de los empleados.
El esquema de inspecciones estivales se desarrolla todos los años, como política pública en resguardo de los trabajadores, tanto en condiciones laborales como en salubridad y seguridad en el trabajo.
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