Judith Michalczewski estuvo presente en Viedma en la reunión de todas las defensorías del pueblo del país reunidas en la capital provincial.
El punto principal fue los reclamos de la gente expresa por el aumento de las tarifas de servicios públicos. Dijeron que en la Argentina las tarifas de luz, agua y gas representan el 15% del salario mínimo vital y móvil y en otros países de la región no superan el 5%.
La intención de los defensores es que se arme una mesa de discusión con todos los sectores involucrados y que se contemplen las diferencias impositivas según las distintas provincias. Pedirán que las subas no estén por encima de a los acuerdos paritarios de los sectores del trabajo.
El defensor de la Ciudad de Buenos Aires presidente de ADPRA, Alejandro Amor, enfatizó sus cuestionamientos a la falta de una política energética a nivel nacional que ocasiona aumentos tarifarios muy elevados para los usuarios, situación que es la que más cantidad de reclamos provoca en todo el país.
Amor sostuvo que más allá de la media sanción en Diputados de una ley que regula el cuadro tarifario energético y que pueda sancionarse en el Senado, todo indica que el Ejecutivo la vetará lo que obliga a una discusión profunda entre todas las fuerzas políticas para lograr un acuerdo nacional sobre el tema.
PROPUESTAS
Proponemos la ampliación de la tarifa social, en especial a familias en situación socio económica vulnerable las cuales serán relevadas por los organismos correspondientes, la determinación de tarifas regionales y de tarifas especiales para empresas según la modalidad de producción.
Proponemos una tarifa con aplicación de aumentos para quienes consuman residencialmente gas y luz en exceso y teniendo una capacidad económica superior como grupo familiar.
Proponemos la concreción de un Plan Nacional de Desarrollo Energético elaborado entre el Gobierno y las fuerzas políticas que se convierta en política de Estado y que trascienda una gestión de gobierno, con amplia participaci6n de todos los sectores, instituciones públicas y privadas con injerencia en el tema, trabajadores, empresarios, ONGs, Universidades y Defensorías del Pueblo.
Proponemos una política de promoción y concientización en el uso racional de la energía con intervención del Estado en promover sustitución de electrodomésticos, instalación de paneles solares, impermeabilización y aislamiento de las viviendas, bajo los principios de uso de energía renovable, eficiencia energética, construcción sostenible, movilidad eléctrica y alternativa.
Exigimos a los Entes Reguladores que cumplan con el rol que les corresponde. Control de las empresas concesionarias de servicios públicos en sus inversiones y obras, y defensa irrestricta de los usuarios.
Establecemos como objetivo la eliminación en toda la República Argentina de la pobreza energética entendida como la falta de acceso al agua potable y a la red cloacal y a la no afectación de más del 10% de los ingresos familiares para el pago de los servicios públicos.
