Rusia, Suecia y Francia presentan 43,9, 49,4 y 75,8 abogados cada 100.000 habitantes, en la ciudad autónoma de Buenos Aires hay 2.300 abogados/100.000 habitantes, un número cincuenta veces mayor. En la Argentina entre 2016 y 2017 en las facultades de derecho ingresaron más de 85.000 mil y egresaron 22.530 una cifra superior al total de los abogados matriculados en Francia. ¿Cómo hace un país como Francia con un 50% más de población y con un producto bruto interno que sextuplica al de la Argentina para tener tan pocos litigios? Concibieron una sociedad diferente, no porque sean desarrollados, ni porque no haya conflictos Son desarrollados porque piensan la sociedad de otra forma y gestionan sus recursos en consecuencia. En la Argentina desde 1917 hasta el 2000, se emitieron 5 mil matrículas de abogados, desde 2001 hasta la actualidad, se aprobaron 6.500 matrículas nuevas, uno de cada tres graduados anualmente es un abogado o un egresado de ciencias económicas, en ciudades como Paraná o San Juan el 40% de los abogados tiene menos de 10 años de recibidos,
Cada 100 ingresantes en la Universidad Nacional de Córdoba se gradúan 40,4 alumnos en la Universidad Nacional de Rosario 33 y el la Universidad Nacional del Comahue apenas 5,6 completan su graduación. La incongruencia con las necesidades de desarrollo e infraestructuras argentino es evidente. Igualmente, la demanda de esas titulaciones en Derecho no decae, las dificultades para acceder al ejercicio profesional son disímiles. En las universidades estatales argentinas, por cada ingeniero se gradúan 2,4 abogados, mientras que en las universidades privadas la cifra asciende a 20 abogados por cada ingeniero.
“La Argentina tiene un promedio de 500 policías por cada 100 mil habitantes. Una barbaridad. Naciones Unidas recomienda un 250 policías por cada 100 mil habitantes” afirma con contundencia la ministra de Seguridad designada, Sabina Frederic. Río Negro con 7.300 agentes, se ubica en el 5ª lugar en número de policías por habitante, pese a que en población ocupa el 15º lugar de la Argentina. El gobernador de Rio Negro anunció exultante que las políticas que implementó en 8 años de gobierno determinaron que la cantidad de efectivos policiales de su provincia cuadruplica las recomendaciones internacionales alcanzando los 954/100.000 hab. Es consistente con su visión de la sociedad organizada y ordenada por la vigilancia y el castigo.
El sobredimensionamiento del aparato punitivo y su politización ha encontrado sus límites. El número de juicios postergados (ej: previsionales) o prescriptos (ej: Abuso Sexual Infantil, corrupción) y la impunidad de los cortesanos del poder, está generando un creciente malestar social. No ha llamado la atención que protagonistas de las luchas sindicales acumulen a ritmo vertiginoso numerosas causas penales, ni que estas se desactiven cuando se establece una alianza con el poder gubernamental por la paz social pese a la caída vertical del empleo y el poder adquisitivo de los asalariados, se sabe que es la mejor forma de proyectarse a los planos nacionales. Bajo este sistema resulta igualmente previsible que se apruebe la posibilidad de reelección indefinida del gobernador oponiéndose a cualquier antecedente de la Corte Suprema de la Nación que naturalmente la desestimó de inmediato. Se conoce el resultado de un juicio o de una instancia previamente con solo conocer los nombres de las partes y el juez a cargo. las leyes son viciosamente despreciadas y mal interpretadas, se desprecia la ecuanimidad y la justicia es ofendida a diario por la realidad de los veredictos.
No hay imperativos por que se realice el trabajo pendiente, los jueces viajan, se capacitan en lugares interesantes. Mientras en las cárceles, más de la mitad de los detenidos, lo está sin condena judicial. Como la ley permite la detención preventiva con fines de investigación hasta por dos años, los presos pueden esperar de tres a seis años antes de ser juzgados, a menos que tengan un “buen abogado” y no hayan disgustado al poder de turno. ¿Los defensores públicos? Es habitual que al igual que los defensores de menores falten en un buen número de audiencias. Está establecida por ley existencia de una Auditoría del Poder Judicial que verifique la calidad de los servicios de justicia brindados por los distintos juzgados. Durante 7 de los 8 años del Gobernador Weretilneck se mantuvo vacante y durante el año transcurrido de su funcionamiento, no han trascendido informes de su accionar ni la programación de su ciclo de auditoría.
El 73% de las personas actualmente preso, cometió un delito por primera vez, el 45% fue detenido durante 2016 o 2017. En EE.UU. las estadísticas revelan que por lo menos el 13 % de los presos han sido agredidos sexualmente. La provincia de Río Negro es la de Argentina que más detenidos por violación/habitante tiene en sus cárceles. El costo presupuestario de las prisiones preventivas en la Argentina supera los 100 millones de dólares anuales. La cantidad de presos aumentó un 190% durante los últimos 20 años. En el período 2008/2016 mientras la cantidad de presos por habitante caía en toda Latinoamérica, en la Argentina aumentaba el 24% y aún continúa haciéndolo pese al hacinamiento carcelario. Durante el gobierno de Macri, aumentó un 23% adicional. Pese a que la tasa de delitos habitantes bajó un 2% en 2017, pero la tasa de encarcelamientos subió un 10,86%. En 2018 las cárceles sumaron un 12% de detenidos mientras que la población aumentó sólo un 1%. una suba inédita desde 2003 cuando el país se debatía en medio de la gran crisis económica. De las más de 40.000 personas que han pasado tiempo detenidas sin sentencia el 30% recupera su libertad dentro de los seis meses absueltas o puestas en libertad sin ser juzgadas. Otras pueden ser declaradas culpables de delitos menores que no conllevan una sentencia en prisión o pueden recibir sentencias de penas menores que el tiempo que pasaron detenidas. Un número más importante aún permanece como rehén de causas armadas sin pruebas a modo de chantaje o inhabilitación mediática.
No todo es Negro como las togas, los magistrados cobran en blanco libre de impuestos, más que el presidente de España o Francia, el precio de esos privilegios es el sometimiento estricto al poder político, acompasando el ritmo de las causas a lo que se converse en los asados o surja de la lectura de los diarios.
Según un estudio realizado para la Universidad Austral en más de 160 años de historia institucional argentina se realizaron 59 juicios políticos a jueces federales en los que se dictaron 46 destituciones, 28 de ellas en los últimos 26 años. En Río Negro durante el mismo período se destituyó a 9 jueces. Desde 1996 el Consejo de la Magistratura de Río Negro encabezó 20 juicios políticos. Seis de ellos terminaron en suspensiones de entre 3 y 60 días. Otros cuatro culminaron con la absolución de los magistrados o funcionarios sometidos a proceso. Un juez fue apercibido y nueve fueron destituidos. Es el único proceso judicial a funcionarios públicos que se acelera, los últimos cinco juicios políticos terminaron con una única decisión: destitución, de los nueve magistrados y funcionarios removidos, cuatro lo fueron en los últimos 15 meses, el resto ya entendió quién manda.
Ganar un concurso para servir café en el poder judicial o en la legislatura con el menor ritmo de sesiones de la democracia, es mejor que ganar una beca de estudios y casi lo único que evita la segura emigración de los hijos.
Si consideramos el peso presupuestario del poder judicial que solicitó para el próximo año un aumento del 73% sobre su ya abultado presupuesto el peso de las restantes fuerzas de seguridad, los bomberos, los servicios de inteligencia, el periodismo adicto de la posverdad, los abogados del poder, los punteros políticos, los parientes y amigos/as sobre el erario público, comprenderemos porque aumenta la desigualdad al mismo tiempo que el reparto, la explotación sexual de menores y la trata laboral sin que medien denuncias de los intendentes, el aumento simultáneo del empleo policial y judicial a la par del desempleo juvenil y femenino, como se multiplican las inauguraciones de comisarías, juzgados y destacamentos, mientras disminuye la construcción de viviendas, entenderemos por qué son cada vez más frecuentes los accidentes de tránsito mientras se demoran la construcción de las rutas. Dijo un periodista rionegrino de Choele Choel, “lo que ustedes llaman aciertos son errores, los que reconocen como errores son crímenes y lo que omiten son calamidades”, su ejemplo nos acompaña y nos guía, Gracias Rodolfo Walsh.
Lic. Javier García Guerrero. Ex Asesor del Bloque del Frente para la Victoria de la Legislatura Rionegrina
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