Una pelea en un boliche y un problema con un cliente en un restaurant del balneario fueron las dos primeras intervenciones de la temporada veraniega en los cuales la fiscalía descentralizada de San Antonio Oeste, buscó solucionar los casos de manera compositiva. En ambas situaciones se realizaron audiencias de conciliación en las cuales los damnificados solicitaron un resarcimiento económico como solución alternativa al conflicto.
A cargo de las audiencias estuvo la fiscal del caso Mariela Coy, quien explicó que “cuando se generen peleas fortuitas o discusiones menores se propone desde el Ministerio Público brindar una respuesta compositiva, rápida y que satisfaga a la víctima”.
El primero de los hechos ocurrió el 28 de diciembre en un restaurant de la localidad. En horas de la tarde, un turista se sentó las mesas ubicadas en parte exterior del local consumiendo un producto que traía de otro comercio. El propietario del negocio le advirtió que para usar las instalaciones debía comprar algo en ese local gastronómico y el hombre reaccionó de mala manera ingresando al lugar, arrojando al suelo los elementos que estaban en el mostrador y dañando un monitor allí ubicado.
Teniendo en cuenta las características del caso, Coy citó a ambas partes a una audiencia de conciliación en la cual las partes llegaron a un entendimiento en el imputado entregó $1500 como reparación económica por el daño.
El primer día del año, por una pelea ocurrida en el interior de un boliche un joven resultó lesionado. Tanto el agresor, como la víctima estaban de vacaciones en la ciudad y tras la pelea el primero fue aprehendido por personal policial mientras que el segundo debió ser derivado a un centro médico por una herida en su boca.
Al día siguiente, la fiscal citó a ambos a una audiencia de conciliación en la cual el damnificado aceptó una suma de $2000 como reparación económica por las lesiones sufridas. Como la víctima se debía retirar a su ciudad de origen ese mismo día, el acusado abonó la suma mediante una transferencia bancaria.
En los dos casos reseñados, los damnificados manifestaron a la Fiscalía sentirse satisfechos con la respuesta obtenida y agregaron que no les interesa continuar con la investigación penal.
El nuevo Código de Procedimiento Penal, vigente desde el 1 de agosto de 2017, presenta como uno de los objetivos principales la solución del conflicto entre las partes. Por este motivo, ante casos de menor trascendencia social, desde el Ministerio Público se busca -siempre que haya interés por parte de la víctima – arribar a un entendimiento y acuerdo entre los imputados y los damnificados para dar fin al proceso penal (Prensa Ministerio Público Fiscal)
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