Enviaron una nota a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el cual rechaza los artículos 242 al 253 del proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos denominada “Ley Ómnibus”.
Los autores de la son los legisladores Luis Ángel Noale, Aime Kircher Castañarez, Marcela Rossio, Ayelén Spósito y Fernando Frugoni. La nota expresa lo siguiente:
La provincia de Río Negro, a través de sus gobiernos ha apoyado el desarrollo de la actividad pesquera en sus diferentes etapas, convirtiéndola en una rama importante de la economía local, en sus 430 km de litoral marítimo y en sus aguas jurisdiccionales. Generalmente, se han impulsado estrategias en conjunto entre las partes involucradas como el Estado, los empresarios y los gremios, con el fin de satisfacer las demandas del sector. Ésta articulación se enmarca en los dictados de la Constitución Provincial, específicamente en los siguientes artículos:
29.“El Estado garantiza la propiedad y la iniciativa privadas y toda actividad económica licita y las armoniza con los derechos individuales, sociales y de la comunidad”.
- En su tercer párrafo establece: “Los empresarios, los trabajadores y el Estado son responsables de la eficiencia, productividad y progreso de los factores económicos que participan en el proceso productivo”.
El gobierno nacional encabezado por el Presidente Javier Milei, recientemente, ha enviado un proyecto de Ley a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación con el fin de legislar sobre diversos asuntos. Entre ellos establece modificaciones en materia de regulación pesquera, su sostenibilidad y fundamentalmente la soberanía nacional. De ser aprobadas, se verán seriamente afectadas la economía y el desarrollo de la actividad, al permitir el acceso del mar argentino a buques de diferentes países.
Modificación en la obligatoriedad de descarga en puertos argentinos;
Derogación del artículo 25 del régimen Federal de Pesca -ley 24.922. Antes obligaba a descargar toda la pesca de los barcos que tengan licencia argentina en puertos nacionales, con el fin de fomentar empleo argentino en sus diversas ramas como estibadores y personal de logística y con el objeto que las plantas procesen los productos de mar. De aprobarse el proyecto en cuestión, los recursos podrán ser descargados fuera de Argentina, trayendo como consecuencia la afectación de la industria nacional en términos económicos y laborales.
Competencia desigual en la asignación de cupos de captura. El artículo 27 del régimen de Pesca, determina que, para acceder a los distintos cupos de especies, se considerará el historial de capturas de los últimos diez años de una empresa, su capacidad de inversión y el empleo que había producido de forma efectiva, entre otras cuestiones. Con la modificación propuesta por el Gobierno Nacional, todos esos parámetros ya no existirían y solo se tendría en cuenta el procedimiento de la licitación pública entre las empresas nacionales y extranjeras con una competencia totalmente desigual.
Eliminación de la obligatoriedad de contratar personal de origen argentino. El artículo 40 de la Ley mencionada y aún vigente, establece en forma clara que el 75 % del personal embarcado debe ser de nacionalidad argentina con diez años de residencia. De sancionarse y promulgarse lo proyectado, el porcentaje descripto desaparece y las empresas podrán contratar mano de obra extranjera en su totalidad, contrariando lo legislado en los convenios colectivos de trabajo para la actividad, trayendo como consecuencia inmediata el aumento de desempleo nacional.
Los cambios en la legislación vigente, también trae como consecuencia grave, la no participación de las provincias en las decisiones en el seno del Consejo Federal Pesquero, que integra la provincia de Río Negro, siendo ese importante rol desempeñado sólo por un funcionario designado por el Poder Ejecutivo Nacional.
Más allá de todas las consideraciones que se puedan hacer de cómo afectaría a nuestra provincia desde los económico y social, no podemos soslayar la importancia que históricamente tuvo y tiene esta actividad en la economía y en la población de San Antonio Oeste y Sierra Grande, que cuentan con una antigua y comprobable tradición pesquera y el impacto que la desregulación propuesta podría causar en la biomasa del Golfo San Matías.
La modificación de las leyes es una medida positiva de los gobiernos democráticos, siempre y cuando beneficien al conjunto de los argentinos y cuando el Estado conserve su rol preponderante de articulador entre los distintos sectores, en oposición al libre juego de la oferta y la demanda.
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